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Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras presidir en Barcelona la inauguración de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España en las que a los largo de tres días los jueces reflexionarán sobre los problemas que más les preocupan, entre ellos las ejecuciones hipotecarias, para después proponer las pertinentes reformas.
En este sentido, ha asegurado que las conclusiones a las que lleguen los jueces durante estos tres días en Barcelona sobre los desahucios y su «problemática social» se presentarán después al Ministerio de Justicia, Congreso y Senado.
Fernando de Rosa ha asegurado que inspecciones del CGPJ han constatado este aumento de desahucios que sentencian los juzgados civiles de primera instancia que no tienen más remedio que basarse en la legislación actual.
El vicepresidente del CGPJ ha participado en la inauguración de las jornadas junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, la consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, y la jueza decana de Barcelona, Maria Josep Feliu.
En las jornadas participan 46 jueces decanos de todo el territorio español que durante tres días harán diversas sesiones de trabajo en las que hablarán de los temas que más les afectan como responsables de los partidos judiciales como la nueva oficina judicial, los tribunales de instancia, las sustituciones o la convocatoria de oposiciones.
Entre ellos también el informe del grupo de trabajo designado por el CGPJ y coordinado por Manuel Almenarque que critica duramente el sistema de desahucios y propone diversas alternativas para modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Por otra parte, durante la inauguración, el presidente del TSJC ha defendido estas jornadas de reflexiones de los jueces como una forma más de «canalización del clamor social», y ha lamentado que a veces se pone en duda su legitimidad.
«SENSIBILIDAD»
Fernández Bozal ha pedido a los jueces «sensibilidad» para entender que la crisis la dotación de medios a la administración de justicia, y ha apostado por una mayor colaboración entre las administraciones públicas y el poder judicial.
Por su parte, la jueza decana de Barcelona ha acusado al Gobierno de «debilitar» al CGPJ con algunas de sus iniciativas que, en su opinión, no mejoran la administración de justicia como servicio público.
