TCAM/EP

 IULV-CA sitúa en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández el máximo nivel de responsabilidad política en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta entre los años 2001 y 2010, según recoge su propuesta de dictamen para la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz.    En dicho documento, de 41 páginas de extensión, la federación de izquierdas sostiene que ambos exconsejeros fueron «muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –actual agencia IDEA– y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles».    Igualmente, IULV-CA asegura que Viera y Fernández «no acertaron» por espacio de «diez años» en la «elección y confirmación de las personas que gestionaban más directamente la partida 3.1.L», tanto los viceconsejeros –primero el propio Fernández y luego Agustín Barberá– como el director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, «personas sobre las que parece no ejercían ningún tipo de control ni vigilancia».    Además destaca la «responsabilidad» de Viera y Guerrero en la «discrecionalidad arbitraria que se deduce de la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla y la particular concepción del señor Viera (sic) sobre los repartos territoriales de las ayudas, cuando llega a decir que el resto de áreas o direcciones generales se encargaban de las otras zonas de Andalucía».    IULV-CA considera en su propuesta de dictamen que existe «indudablemente» una responsabilidad política directa «por actuación» en el ámbito de la Consejería de Empleo, «comenzando por la Dirección General de Trabajo, desempeñada fundamentalmente en este tiempo por Francisco Guerrero, quien realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etc». LA INTERVENCIÓN GENERAL «NO EJERCIÓ SU FUNCIÓN»    En relación a la Consejería de Economía, de la que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue titular entre 2004 y 2008, IULV-CA asegura que la Intervención General «no ejerció su función de dirección superior al no extraer las conclusiones pertinentes de la evidencia de que disponía: la fiscalización formalmente correcta en la Consejería de Trabajo y los informes de control financiero del IFA/IDEA revelaban un control conjunto totalmente irregular ante el que se tenía que haber actuado».    Tras criticar que la Intervención General decidiese «renunciar» a emitir un informe de actuación «a pesar de haber razones suficientes para ello», la federación de izquierdas considera que «queda constatado que tras la recepción del Informe Especial que elaboró este órgano de fiscalización «no se desencadenó ninguna actuación alegando no detectar menoscabo de los fondos públicos».    Entre sus recomendaciones, IULV-CA demanda en primer lugar a la Junta «máxima diligencia en la recuperación de los fondos indebidamente transferidos» y que revise de oficio todas las ayudas a empresas concedidas con cargo al programa 31L, al tiempo que defiende la necesidad de «incrementar de manera inmediata el conocimiento directo de la ciudadanía sobre la aplicación de las políticas de ayudas y subvenciones». «INTERIORIZAR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO»    Como propuestas concretas se plantea la elaboración de un «registro público de ayudas, subvenciones e incentivos» de acceso público y de un «mapa de impacto sectorial y territorial» de ayudas, subvenciones e incentivos con periodicidad anual, así como de dotar de más medios a la Intervención General, que deberá fiscalizar previamente y suscribir un dictamen para cualquier subvención, incluidas las de carácter excepcional.    Por último, la propuesta de dictamen de IULV-CA se cierra con una «última recomendación» relativa a la necesidad de «incrementar significativamente la coordinación» entre las consejerías; de «avanzar en la interiorización y asunción por parte de todos los miembros del gobierno de lo contemplado en el artículo 124 del Estatuto de Andalucía», que establece que el Consejo de Gobierno «responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión»; y de «normalizar la creación y funcionamiento de comisiones de investigación en sede parlamentaria».