TCAM/REDACCION
Héctor Lagier, secretario provincial del PA, ha mostrado el “total rechazo y oposición” de los andalucistas ante las nuevas tasas judiciales anunciadas por el Ministerio de Justicia y que el Gobierno de Mariano Rajoy tienen previsto aplicar próximamente”.
Lagier dijo que “aunque el Gobierno de Madrid justifica esta alarmante subida de las tasas como medida para descongestionar los juzgados, lo que va a lograr es que muchos ciudadanos y ciudadanas no puedan acceder a un derecho constitucional, como es la tutela judicial efectiva para todos”. “En el momento en que se establecen unas tasas, se está cercenando la posibilidad de muchos ciudadanos de acceder a esa tutela constitucional de sus derechos, máxime en estos tiempos de dura crisis que estamos viviendo y con la situación que atraviesan miles de ciudadanos que incluso no disponen de unos ingresos mínimos para la supervivencia digna”, explicó.
El dirigente andalucista dijo que la aplicación de esas tasas que pretende el PP “supone una clara limitación de la Constitución, del espíritu recogido en su artículo 119, y del propio Estatuto de Autonomía de Andalucía que establece en su artículo 29 que “En el ámbito de sus competencias, la Comunidad Autónoma garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita”.
“Por esas razones – dijo – el PA ha empezado a tramitar en los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía una propuesta para que el Ministerio de Justicia del Gobierno rectifique y se retrotraiga a la aplicación de las tasas judiciales anteriores a la Ley 10/2012 de 20 de noviembre para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos en la atención judicial y el fácil acceso a la misma”.
Como se expone en la moción andalucista “con la puesta en marcha de esta medida, el acceso a la Justicia será paradójicamente injusto, ya que éste quedará reservado sólo para aquellos que se lo puedan pagar. Un simple vistazo a la tabla de nuevas tasas basta para dejar claro que derechos tan básicos como interponer un recurso quedan ahora fuera del alcance de muchos bolsillos. Con las nuevas tasas, interponer demandas o recurrir sentencias en el orden civil, social o contencioso administrativo nos costará dinero a todos, oscilando la cifra entre los 150 euros y los 1.200 euros que supondría llegar en casación hasta el Tribunal Supremo.
“El Gobierno del PP debe tener en consideración la situación actual que estamos viviendo y dar marcha atrás en una medida inoportuna, injusta y discriminatoria”, reiteró el secretario provincial del PA, Héctor Lagier.
