TCAM-ANDALUCÍA/Europa PressEl exministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1996-1999) y de Administraciones Públicas (2002-2003), Javier Arenas, ha apuntado al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, como «responsables políticos» en el caso de las irregularidades detectados en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza porque, a su juicio, la comparecencia del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha «constatado» que los informes sobre estos «abusos» llegaron «a lo más alto de la Junta».En su intervención inicial ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre estos ERE, Arenas, actual vicesecretario de Política Regional y Local del PP, ha recordado que entre los años 2000 y 2010 que se produjo este «asunto escandaloso» su partido no tuvo «ninguna responsabilidad de Gobierno en Andalucía» y que, por tanto, es «inaudito» que los dirigentes del PP tengan que «responder políticamente de la gestión del PSOE».Así, ha apuntado directamente a Chaves y Griñán y ha dicho que «son ellos los que tienen que explicarse» porque está «convencido» de que «tienen las respuestas». Sobre todo, ha añadido, porque «hay un antes y un después» de la comparecencia de Gómez el pasado lunes en esta comisión de investigación.UN ANTES Y UN DESPUÉS DEL INTERVENTOR GENERAL«Estamos ante una práctica que ni se detiene ni se revisa ante los informes de la Intervención General y, en mi opinión, hay un antes y un después en esta comisión que viene marcado por la comparecencia del interventor general, tras la que está constatado que sus informes llegaron a la parte más alta de la Junta», ha insistido.Por ello, y tras desear que la comisión sirva para que «se conozca la verdad, para que se recupere la mayor parte de los fondos públicos dilapidados, para que se demanden las responsabilidades políticas y para que jamás se vuelva a repetir un asunto como éste», Arenas ha sugerido que se hagan «cambios en las leyes de gestión de la Junta de Andalucía» para que esta «historia de grandes abusos, que tiene mucho que ver con la actitud de un partido que lleva mucho gobernando y que cree que puede gobernar siempre, no se repita jamás», algo que le ha valido la crítica del PSOE-A por venir a la comisión, según ha dicho el portavoz Jesús María Ruiz García, con las «conclusiones hechas de antemano».ERE DE LA FAJA PIRÍTICA DE HUELVALa breve intervención de Arenas ha dado paso al turno de preguntas de los grupos –en el que el Grupo Popular ha renunciado a intervenir–, donde se le ha cuestionado en profundidad sobre los cinco ERE a empresas de la Faja Pirítica de Huelva mientras ocupaba el Ministerio de Administraciones Públicas.Arenas ha negado que siendo él ministro –y el actual presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, delegado del Gobierno en Andalucía– se cometiera ninguna irregularidad en estos ERE y ha señalado de forma reiterativa que el Ministerio que entonces dirigía «no tenía ninguna competencia ni, por tanto, responsabilidad en material laboral». «Yo salí del Ministerio de Trabajo en enero de 1999 y estuve en el de Administraciones Públicas de julio de 2002 a septiembre de 2003 y, en esa etapa, que es la que puede coincidir (con estos ERE), el Ministerio no tenía ningún tipo de competencia en materia laboral», ha apostillado.En esta misma línea, y admitiendo, no obstante, que «personal y políticamente» sí que se interesó por los problemas laborales de los trabajadores de Minas de Rio Tinto, ha «suscrito» y «respaldado» la intervención de ayer de Zoido porque fue «impecable» y porque, según ha dicho, «dijo la verdad» acerca de este caso por el que también comparece este jueves en la Cámara andaluza el exministro Eduardo Zaplana.»Zoido esgrimió un informe reservado de la Junta de Andalucía donde se decía que en las ayudas extraordinarias concedidas por el Estado y en los ERE no había ningún intruso. Y creo que es muy importante distinguir entre las ayudas extraordinarias en virtud de la orden de 1995, que es del Estado, y los ERE, que son competencia exclusiva de la Junta desde el año 1984 en que la Junta tiene transferidas la máxima autoridad laboral. Y eso hay que distinguirlo luego del conjunto de las ayudas y de las pólizas porque, según han dicho muchas personas y se lo he oído al señor Viera, el problema estaba en las pólizas. Y el señor Zoido y el Gobierno de España con las pólizas no tienen nada que ver», ha intentado zanjar no sin señalar después, nuevamente, que «el gato está en los listados de las pólizas».Además, a preguntas del PSOE-A, ha negado que él como ministro diera ninguna instrucción a Zoido como delegado del Gobierno para que, coincidiendo con la cercanía de las elecciones municipales, incluyera a algún trabajador cercano al PP que no hubiera sido empleado en alguna empresa minera de la zona. «No di absolutamente ninguna instrucción y desmiento la relación entre las elecciones municipales y esto. No hay ningún correlato partidista».Para argumentar esta tesis, Arenas ha referido unas declaraciones del actual portavoz de asuntos económicos del PSOE Valeriano Gómez, quien, según ha recordado, «ha dicho en el Congreso que la intervención del Ministerio en estos ERE fue estricta, rigurosa y con todos los controles». «En nuestro caso se respetó la ley de la A a la Z», ha resaltado.En este punto, y cuestionado sobre porqué si todo era legal se modificaron los coeficientes reductores de los falsos mineros supuestamente incluidos en estos ERE, Arenas ha dicho que «hasta donde» él conoce no se dio ninguna instrucción al respecto y que «probablemente el problema está en las pólizas». «Apúntese la póliza 1096, que no se sabe si es consecuencia o no de un ERE», ha añadido para que los diputados investiguen sobre la misma, de la que no ha dado más detalles.A preguntas de la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, sobre por qué se concedieron estas ayudas a empresas de la Faja Pirítica de Huelva y no a otras del Polo Químico, o de Linares, o del sector pesquero de Cádiz, Arenas ha contestado que fue porque «no acudirían» a solicitarlas. «No recuerdo ningún caso que se hubiera rechazado», ha dicho tras advertir de que aquí «no ha cabe discrecionalidad alguna» porque se trata de un proceso reglado por ley. «Quien tiene derecho lo tiene y quien no, no», explica.NIEGA QUE SE HAYAN DEFRAUDADO 1.500 MILLONESDe otro lado, y sobre este caso de los ERE en general, Arenas ha admitido, a instancias de una pregunta de Doblas, que no conoce el montante del total del dinero defraudado a través de estos expedientes y ayudas sociolaborales que ahora se investigan, pese a que su partido lleva meses cuantificándolo en cerca de 1.500 millones.Así, y después de que la diputada le pidiese una explicación sobre «de dónde saca» que los 1.400 millones presupuestados por la Junta de Andalucía para la partida 31L (conocida como fondo de reptiles) sean todos «ilegales», Arenas ha admitido que «todavía no se puede estimar» cuánto le ha costado esto «al bolsillo de los andaluces» y que el montante total de lo defraudado no se conocerá hasta que «sepamos las comisiones, los sobrecostes de las pólizas, las ayudas indebidas a empresas, a Ayuntamientos y a intrusos».Finalmente, Arenas ha reclamado que «devuelvan el dinero todos los que no se lo tenían que haber llevado» y ha instado a la Junta de Andalucía a reclamarlo, ya que, hasta ahora, según ha recordado, «solo se han recuperado 188.000 euros de los once millones que se han reclamado». «Al final veremos cuánto es y que conste que no meto a todos (los trabajadores) en el mismo saco porque yo estoy totalmente a favor de los ERE, pero en contra del fraude», ha apostillado.