El Gobierno de España ha acordado en Consejo de Ministros solicitar un informe al Consejo de Estado sobre el decreto ley de mayor peso político aprobado por la Junta de Andalucía en el inicio de esta crisis sanitaria, y convalidado por el Parlamento autonómico en servicios mínimos cuando ya estaba decretado el estado de alarma por el coronavirus. El Ministerio de Política Territorial sospecha que el llamado decreto de simplificación administrativa «excede las competencias autonómicas» y ha solicitado el dictamen preceptivo previo al recurso de inconstitucionalidad, ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Será la evaluación del Consejo de Estado la que determine si el Ejecutivo acude finalmente al Tribunal Constitucional. Pero la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha justificado ya la impugnación de dos puntos concretos del decreto andaluz que, según creen, rebasa competencias estatales: la modificación de la Ley de protección del Patrimonio Histórico; y la vulneración en materia de Telecomunicaciones (la norma andaluza permite la privatización de las emisoras municipales de radiotelevisión y autoriza la publicidad institucional y comercial en las radios y televisiones piratas).
Este contencioso en los tribunales supondrá un choque frontal con el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, que ha dado una importancia de primer nivel al citado decreto. La fricción entre ambas Administraciones se produce en un momento complicado, en medio de una pandemia que se ha cobrado más de 18.000 muertos por COVID-19. Sánchez y Moreno se han prometido «lealtad institucional» en medio de esta crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, pero el pulso subterráneo es constantes. La Junta, que desconocía hasta hoy el recurso contra su decreto, endurecerá previsiblemente su posición política frente al Gobierno, que también dará eco a la oposición del presidente nacional del PP, Pablo Casado.
La norma, que contó con el rechazo de PSOE y Adelante Andalucía y con la protesta de sindicatos y varios colectivos sectoriales, modifica de una tacada 21 leyes y seis decretos, y elimina de un plumazo 100 trámites burocráticos para avanzar en la liberalización de la economía. El decreto ley fue presentado por todo lo alto por seis de los 11 miembros del ejecutivo andaluz, otorgándole una importancia de primer nivel. El proyecto quedó eclipsado inmediatamente por el impacto de la pandemia del COVID-19, pero la norma siguió su tramitación parlamentaria, incluso después de que la Cámara legislativa cesase su actividad regular y quedase en servicios mínimos.
Las modificaciones que introduce el decreto son de carácter estructural y suponen un giro radical en el modelo productivo desarrollado por anteriores gobiernos socialistas: se aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios (muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas…). También se avanza en la privatización de las emisoras municipales y permite la publicidad institucional y comercial en las ilegales, algo que ha desatado la protesta airada de todo el sector de la radiodifusión. Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración «para ganar en competitividad» y atraer más inversiones. «Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado», subrayó en su momento el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
