TCAM-SEVILLA/M.J.R.
En una entrevista a Onda Cero, la consejera andaluza ha subrayado que el Gobierno autonómico tiene «muy claro» que debe ser «austero», por lo que ha empezado «reduciendo el número de altos cargos, entorno a un 50 por ciento», adelantando que el próximo martes van a «reducir el número de altos cargos en los servicios centrales de la Junta de Andalucía».
Así, ha señalado que los consejeros andaluces «han perdido en torno al 20 por ciento de su poder adquisitivo» en los dos últimos años, mientras que «sólo hay un presidente autonómico en toda España que gane menos que Griñán».
Con respecto al plan de ajuste presentado por la Comunidad andaluza, Díaz también ha manifestado que IULV-CA «es consciente de la dificultad del momento y de que el Gobierno de España nos impone el 90 por ciento de los recortes que vamos a asumir». No obstante, ha explicado que «hay una diferencia entre lo que se hace en Andalucía y el Gobierno central, ya que nosotros abrimos el diálogo con sindicatos y trabajadores».
En este sentido, ha asegurado que la Junta va a mantener unas «líneas rojas», como son «no despedir empleados públicos, apostar por el mantenimiento del empleo, por educación, sanidad y servicios públicos», algo que cumplirá «pese a la amenaza constante del Gobierno central», ha aseverado.
Del mismo modo, Díaz ha defendido que las cuentas andaluzas «no ocultan nada», a diferencia de otras comunidades autónomas que, según ha señalado, tienen «ciertos cajones y ciertos agujeros». «Ahora entiendo yo por qué el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, hablaba en campaña de cajones: porque había comunidades del PP que sí tenían esa práctica, como Valencia o Madrid», ha apostillado.
Cámara de cuentas
Díaz también se ha pronunciado sobre el anuncio realizado por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, sobre que llevará a la Fiscalía la presunta filtración interesada de un «documento interno no oficial» sobre la tramitación de expedientes de regulación de empleo (ERE) empresas en crisis otorgadas por la Junta; una cuestión que, «si es cierto», la consejera considera «gravísimo».
«Un documento ha sido filtrado para coaccionar la voluntad de los miembros del pleno con intereses partidarios, si eso es así, me parece grave la filtración», ha indicado, defendiendo además que quien ha «perseguido y colaborado» en el caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica ha sido la propia Junta de Andalucía, «no como otras comunidades autónomas».
