José María Román
TCAM-CÁDIZ/M.P.
El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado que dará traslado a la Fiscalía del expediente relativo a la ruptura del convenio de recaudación suscrito por la Corporación provincial y el Ayuntamiento de Jerez. Según ha expuesto el Grupo Socialista en un comunicado, este convenio, que fue roto «de forma unilateral» por el Consistorio jerezano en el pasado mes de febrero, provocó «un quebranto para las arcas de la Diputación de 17,3 millones de euros» –en forma de dos adelantos a cuenta de 12,15 millones correspondientes al segundo semestre de 2011 y de 5,16 de apenas mes y medio del presente ejercicio, según explica–.
Destaca que su decisión de llevarlo a la Fiscalía se produce después de que el gobierno del PP en la Diputación haya rechazado los dos puntos del orden del día del Pleno extraordinario en este sentido. El primero de ellos consistía, concretamente, en una propuesta de «iniciar acciones judiciales en defensa de los intereses de la Diputación Provincial» en relación con la ruptura del mencionado convenio de recaudación. El segundo punto pretendía el «establecimiento de un sistema de ayudas destinado a mitigar los problemas económicos que tienen algunos de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz».
El diputado socialista y portavoz adjunto del Grupo Socialista, José María Román, se ha preguntado por «qué medidas de control se tomaron desde la Diputación en relación con la salida de fondos hacia el Ayuntamiento de Jerez, máxime cuando el propio gobierno provincial reconoce que estuvo durante un tiempo negociando para que el Consistorio jerezano no rompiese el convenio. Una decisión de esta envergadura no se toma de la noche a la mañana, y por ello sorprende enormemente que las cantidades abonadas durante 2011 y en los dos primeros meses de 2012 se situaran muy por encima de las previsiones necesarias para cerrar el convenio en equilibrio».
Convenio «chapucero» para saldar la deuda
Román se ha referido al nuevo convenio de recaudación acordado por el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación con el objetivo de saldar la deuda contraída por el Consistorio, calificándolo de «chapucero».
En este sentido, ha incidido en que «desde el gobierno de la Diputación se dice que las situaciones extraordinarias deben responderse con procedimientos extraordinarios. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, siempre que esos procedimientos extraordinarios se puedan aplicar a todos los municipios. Pero solo si eso es así y no responden a un criterio que tiene que ver con el color político de esos municipios».
El nuevo portavoz adjunto del Grupo Socialista ha planteado la «duda razonable en torno a si la Diputación, más que como un buen padre de familia que es como dice el Código Civil que hay que comportarse en la gestión económica, ha obrado más bien como un padre de familia que considera que tiene un hijo preferido y otros hijos de segundo nivel. Y, precisamente porque el dinero no es de ninguno de nosotros sino que estamos obligados a gestionarlo porque es de todos, hay que hacerlo con el máximo rigor».
En este sentido, ha concluido afirmando que, «muy probablemente, se han pasado varios pueblos en el trato con Jerez», hasta el punto de «haber permitido un volumen de desviación económica tan importante, de más de 17 millones de euros, cuando eran plenamente conscientes de que el convenio se podía romper».
