Se suma en este caso especial un contencioso pendiente por parte de la plataforma ciudadana ‘Somos Tarifa’ al pleno que determinó el visto bueno por parte del Consistorio tarifeño,  junto a la supuesta prorroga del contrato de agua del Ayuntamiento con Aqualia.  

La portavoz del grupo  Rosmarie Hennecke manifiesta que, “ la sentencia de Valdevaqueros ha dejado en evidencia que el Plan de Ordenación Urbana se encuentra contraviniendo directivas europeas medioambientales y leyes nacionales siendo preocupante que el gobierno anterior de la Junta, sistemáticamente, como ente subsidiario, haya permitido la falta de evaluación ambiental de los Planes generales, ( PGOU)  tanto para Tarifa como para otros municipios provocando un desajuste a la realidad de las necesidades de planificación cualitativa y sostenible del territorio de cada municipio. Esta infracción que nos despoja de nuestro derecho a una buena administración, nos sigue llevando por el camino de la especulación y corrupción, donde cada Ayuntamiento “parchea” ésta deficiencia con otras figuras legales”.    

El grupo de trabajo de Equo se encuentra preocupado por las consecuencias medioambientales producidas por la “cuantificación” de la implantación de aparcamientos e  infraestructuras no ajustadas a derecho. A éstas se sumarían las pretendidas en un futuro cercano, basados en un Plan de Ordenación sin estudio ambiental ( 1990) denominándolo por ello

Instan a la Junta, en tener en cuenta el principio de precaución/prevención ante el cambio climático y fundamentalmente ante la falta de agua, paralizando todo Proyecto en curso evitando el deterioro y el daño  en la salud de las futuras generaciones, recordando que la propia Junta en el 2017 indicaba en este proyecto que “no se puede clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable si no se aporta la garantía de que existen recursos hídricos suficientes. En este sentido se estará a lo que determine el informe sectorial del organismo competente en materia de aguas”.

Sin embargo, en el 2018 el Ayuntamiento firmó un Convenio con Metrovacesa, cuyo punto VII, relacionado con el suministro del agua, consideran debe ser analizado por la Junta y advierten que, como integrantes de la ciudadanía de Tarifa, la devolución de las cantidades ingresadas por este Proyecto deben ser asumidas por el alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, el señor Francisco Ruiz, y no por la ciudadanía, al haber trasgredido él con su firma nuestros derechos.