La demolición de la antigua Escuela del Congo y el retraso del proyecto de VPO en Extramuros alimentan el desencanto ciudadano y ponen en duda la gestión municipal. Tarifa vive estos días una amarga sensación de desencanto. Lo que se presentó como una oportunidad histórica para aliviar el grave problema de acceso a la vivienda comienza a percibirse como un espejismo que se desvanece a medida que pasan las semanas y las obras apenas avanzan. La promesa de 59 viviendas de protección oficial en la zona de Extramuros, financiadas con fondos europeos, se enfrenta ahora a la crudeza de los plazos y a la desconfianza creciente de una ciudadanía cansada de anuncios que no terminan de materializarse.

La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha denunciado públicamente lo que considera un fracaso de gestión por parte del equipo de gobierno municipal, señalando que la precipitada demolición de la antigua Escuela del Congo —espacio que albergaba asociaciones de salud del municipio— ha supuesto un sacrificio social “absolutamente estéril”.

A finales de diciembre, el edificio fue desalojado y derribado con carácter urgente para liberar el solar destinado al proyecto de vivienda protegida. Sin embargo, según denuncia la plataforma, esa urgencia contrasta con el ritmo actual de las obras, que apenas habrían avanzado lo suficiente como para justificar la pérdida inmediata de un espacio que prestaba servicios esenciales a personas enfermas y al voluntariado local.

La crítica se centra especialmente en el calendario del proyecto. Según los cálculos expuestos por el colectivo ciudadano, resulta prácticamente imposible que las 59 viviendas estén finalizadas antes de junio de 2026, fecha límite vinculada a la financiación europea. Incluso la eventual prórroga de 18 meses que se debate en el Parlamento Europeo —y que ni siquiera está garantizada— podría resultar insuficiente para completar un proyecto que, según denuncian, comenzó tarde y con una planificación deficiente.

Para muchos vecinos, la situación evidencia una contradicción difícil de justificar: se ha destruido un recurso social que funcionaba en el presente a cambio de una promesa de vivienda que podría no llegar a tiempo. Una ecuación que, a juicio de la plataforma, revela un problema de prioridades y de gestión política.

“Las fotos de las autoridades en el solar no pueden ocultar que el proyecto está en vía muerta”, sostienen desde Tarifa No Se Vende, que acusa al gobierno municipal de utilizar argumentos como la climatología o los trámites administrativos como explicación recurrente para justificar los retrasos.

El colectivo también advierte de que el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por los fondos europeos —especialmente en materia de eficiencia energética y sostenibilidad— requiere planificación y tiempo, algo que no puede resolverse mediante “aceleraciones de última hora”.

Más allá del debate político, el riesgo que se plantea es económico. Si el proyecto no se completa dentro de los plazos establecidos, los millones de euros de financiación europea podrían perderse, dejando una factura que acabaría repercutiendo en las arcas municipales y, en última instancia, en los propios vecinos.

Mientras tanto, las asociaciones desalojadas siguen esperando una solución que aún no llega. La plataforma ciudadana exige al Ayuntamiento que cumpla el compromiso de reubicar a estos colectivos y que asuma responsabilidades por una decisión que, a su juicio, ha priorizado la imagen política sobre la realidad social del municipio.

En Tarifa, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más graves para los residentes, la frustración crece. Porque cuando las expectativas se levantan tan alto como las promesas institucionales, la caída —si estas no se cumplen— suele ser todavía más dura.