En un informe presentado a Ruz ayer, el Ministerio Público se posicionó en contra de la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP, que solicitaban la apertura de una investigación. En el escrito, la Fiscalía señalaba que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa.
El Partido Popular (PP) destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.
Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias, según señalaron entonces a la agencia Europa Press fuentes policiales.
Ruz especifica, en un auto hecho público este jueves, que el abogado del PP puso en conocimiento del Juzgado que «en fecha indeterminada, y en todo caso posterior al 21 de abril, se procedió por persona no identificada a la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tuvo asignados Bárcenas».
EL PP CONOCÍA LAS IMPUTACIONES
El magistrado recuerda que en aquel momento, el extesorero, además de estar imputado en la causa que investiga la trama Gürtel, lo estaba también en la nueva pieza sobre la presunta contabilidad B del PP, después de que el Juzgado Central de Instrucción número 3 admitiera a trámite en marzo la querella presentada por IU y de que se le tomara declaración el 21 de ese mes.
Ruz asegura que estos «acontecimientos procesales constituían, al tiempo de la supuesta destrucción del material informático, hechos notorios por su difusión pública, siendo directamente conocida la apertura de la causa por el Partido Popular, que en aquel momento estaba personado como acusación popular».
El juez advierte a la formación que, tras la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas –como el propio PP– pueden ser consideradas responsables del delito de daños informáticos. Por todo ello se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción de Madrid que corresponda por turno para que este decida si procede la apertura de diligencias de investigación.
