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María Jesús Montero, consejera de Salud en funciones de la Junta de Andalucía, ha lamentado este miércoles que la reforma prevista por el Gobierno para la sanidad española y que contempla, entre otras medidas, que los pensionistas contribuyan al coste de los medicamentos, es el inicio de un camino y la antesala del «desmantelamiento el Sistema Nacional de Salud».

Al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que durante cinco horas ha reunido en Madrid a los consejeros autonómicos de sanidad y a la ministra Ana Mato, Montero ha defendido que el Gobierno central está usando «la coartada de atender a la eficiencia» del sistema mientras que procede al «desmantelamiento del sistema sanitario». Al respecto, ha añadido, además, que el sistema sanitario actual es «sostenible y eficiente».

Esa intención de desmantelamiento quedaría, según sus palabras, aún más clara si se observa cómo el Gobierno habla de «aseguramiento público» o de «asegurador público». «El lenguaje no es inocente», ha dicho la consejera, que ha puntualizado que el SNS «no es un asegurador público sino un sistema nacional de salud que se paga con la contribución de los ciudadanos y que permite la redistribución de renta en términos de salud al conjunto de los ciudadanos».

A su juicio, cuando permanentemente se usan esos términos se ahonda en un modelo que permita el doble aseguramiento, publico y privado, sobre el que los ciudadanos puedan elegir. «Vamos a la deriva de un cambio de modelo que nada tiene que ver» con el actual, ha previsto.

Además, la consejera ve muestras de esa destrucción del sistema en los términos en los que se habla de la cartera de servicios, con la diferenciación propuesta entre cartera de servicios básica, complementaria o accesoria. «No se les escape que todos los países que han incorporado el copago a las prestaciones sanitarias han empezado categorizando la cartera de servicios con distintos epígrafes», ha dicho Montero.

«Aparentemente no se perseguía nada con esos apellidos pero los que conocemos el modelo sanitario sabemos que siempre ha sido la antesala que, después, ha planteado el copago en las categorías accesoria y complementaria y una parte de contribución, en la de servicios básica», ha añadido.

El gasto farmacéutico, «extraordinariamente injusto»

Con respecto al gasto farmacéutico, Montero ha lamentado que se haya elegido un sistema que es «extraordinariamente injusto» porque en la práctica supone «una nueva bajada de las pensiones y nuevo impuesto a las rentas del trabajo» y ha afeado las «coartadas» que reflejan el amparo a un «modelo de beneficiencia» para atender a quienes no tienen recursos gravando a las rentas medias.

A la consejera andaluza también le llama la atención los tramos que se han planteado de acuerdo a las retribuciones que reciben los pensionistas y ha advertido de que las medidas tendrán unos costes «muy elevados» porque obligan, entre otras cosas, al cambio de la tarjeta sanitaria.

Así las cosas, como ya hubiera adelantado esta mañana, ha hecho una aproximación del impacto económico de las medidas -realizado, según su versión, sin documentación escrita, que no ha sido aportada por el Ministerio– y ha dicho que el ahorro no llega a los 1.000 millones de euros, frente a los 7.000 previstos por el Gobierno.

Ahondando en sus críticas, ha dicho que el modelo es «injusto» y «castiga a las personas enfermas» y se ha preguntado «por qué se plantea que los pensionistas tengan que contribuir al pago de sus medicinas o por qué rentas que están por encima de los 18.000 euros pagarán más por los mismos si, según dicen, no se busca la recaudación».

Por último, ha confirmado que, pese a su postura en contra, Andalucía no protagonizará un acto de «rebeldía» porque se trata de un asunto de Legislación Básica y es al Estado a quien corresponde fijar qué colectivos contribuyen al pago de sus medicinas. La región tendrá que aplicarla si el Consejo de Ministros la aprueba.

Susana Díaz contra el «repago farmacéutico»

Por su parte, la secretaria de organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha afirmado que el “repago farmacéutico” del gobierno de Mariano Rajoy, “vuelve a cargar” las peores consecuencias de la crisis económica “sobre los trabajadores y las familias”, al imponer a los pensionistas el pago de un 10% del coste de los medicamentos y al obligar al resto de los ciudadanos a asumir hasta un 60% del coste. Susana Díaz ha reiterado que el Ejecutivo de la Nación “vuelve a cargar contra la renta de los trabajadores que contribuyen con lealtad con el pago de sus impuestos y no carga a renta de otros que tienen más y que, en muchos casos, no contribuyen con normalidad”.

“Éste es el modelo desequilibrado que no debemos representar en Andalucía”, ha explicado la dirigente socialista, quien ha recordado que estas medidas están “en el BOE (Boletín Oficial del Estado)” y ha certificado que “los andaluces no se equivocaron el 25 de marzo” porque “sabían lo que nos esperaba al conjunto de la ciudadanía de la mano del Gobierno de Rajoy y de la mano del PP”.

Los farmacéuticos temen un «efecto disuasorio» del copago 

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha mostrado este miércoles el temor del sector de que la medida anunciada por el Gobierno, que propone el establecimiento del copago farmacéutico en función de la renta, y por el que los pensionistas pasarían a pagar el 10 por ciento de los fármacos mientras que los trabajadores activos pagarían la mitad del precio de los medicamentos en lugar del 40 por ciento actual, tenga un «efecto disuasorio» en la frecuentación de los usuarios a los establecimientos de farmacia. Ver la noticia