AGADEN–Ecologistas en Acción ha instado al Ayuntamiento de Tarifa a proceder al archivo inmediato del expediente del macroproyecto de almacenamiento energético denominado “S.T. Palmosilla”, previsto en el Valle de la Luz. La organización ecologista fundamenta su petición en la existencia de un informe desfavorable emitido por la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, cuya existencia se dio a conocer durante el Pleno Municipal celebrado el pasado 29 de enero.
Según AGADEN-EA, este pronunciamiento técnico confirma la incompatibilidad de la instalación con la protección del enclave y dejaría al Consistorio “sin margen legal” para continuar la tramitación. El colectivo ha solicitado formalmente el documento para su análisis detallado.
La entidad ecologista califica de “gravedad notoria” la posibilidad de autorizar una instalación industrial de casi 10 hectáreas y más de 700 baterías, recordando que el PGOU de Tarifa prohíbe los usos industriales en suelo no urbanizable. A su juicio, mientras no se revise el planeamiento vigente, la normativa local actúa como “marco prevalente” y “dique de contención legal”.
AGADEN-EA sostiene además que el proyecto no responde a un interés público real, sino a una “conveniencia empresarial privada”, y advierte del impacto sobre un entorno emblemático situado a 800 metros del Santuario de la Luz.
El colectivo aclara que no se opone a la tecnología de almacenamiento energético, pero sí a su ubicación, señalando la cercanía —unos 40 metros— al Parque Natural de Los Alcornocales. En este sentido, alerta de riesgos potenciales asociados al fenómeno de embalamiento térmico (thermal runaway) y posibles incendios químicos, cuyos efectos tóxicos, afirman, “no han sido evaluados con rigor” en el expediente.
Tras la confirmación del informe desfavorable en sede plenaria, AGADEN-EA exige a la oficina técnica y al equipo de gobierno municipal el archivo definitivo del procedimiento, al considerar que cualquier intento de eludir el planeamiento vigente “carecería de base legal” y pondría en peligro “la identidad, el paisaje y el futuro sostenible del Valle de la Luz”..
