Mellaria (Asociación Tarifeña de Defensa del Patrimonio Cultural) denuncia un mes de silencio del Ayuntamiento tras dejarla plantada en una reunión sobre la Iglesia de Santiago Foto archivo.
La defensa del patrimonio histórico de Tarifa vuelve a situarse en el centro del debate público después de que una asociación local haya denunciado públicamente el trato recibido por parte del Ayuntamiento durante una reunión concertada para abordar asuntos relacionados con la Iglesia de Santiago.
Según ha hecho público el colectivo, el encuentro estaba fijado para el pasado 25 de mayo a las 9:00 horas con el alcalde y contaba además con la participación de un abogado que iba a asesorar a la entidad en cuestiones relacionadas con la protección de este enclave patrimonial.
La asociación reconoce que la jornada estuvo marcada por circunstancias excepcionales derivadas de los incidentes registrados el día anterior en la Oficina Técnica municipal, una situación que pudo alterar el funcionamiento habitual de los servicios municipales. Sin embargo, considera injustificable que la reunión fuese completamente ignorada pese a estar programada con antelación y pese a que se informó expresamente de que sus representantes continuaban esperando para ser recibidos.
Según relatan, tras una hora y media de espera, fue la secretaria quien les comunicó a las 10:30 horas que no podrían ser atendidos. Aseguran que no se ofreció explicación alguna, ni disculpas, ni tampoco una nueva fecha para el encuentro.
El malestar se incrementó cuando, una semana después, la asociación remitió un escrito formal por vía electrónica trasladando su queja por el trato recibido y solicitando una respuesta institucional. Un mes más tarde, afirman no haber obtenido contestación alguna.
La situación ha provocado una profunda decepción entre quienes dedican parte de su tiempo de manera altruista a la protección del patrimonio histórico tarifeño. Porque más allá de una reunión perdida o de un problema puntual de agenda, lo que denuncian es una falta de consideración hacia el trabajo ciudadano que durante años ha contribuido a conservar, estudiar y defender elementos que forman parte de la identidad colectiva del municipio.
La cuestión de fondo va mucho más allá de la Iglesia de Santiago. La controversia abre un debate sobre el papel que las administraciones conceden a las asociaciones vecinales, culturales y patrimoniales que, sin percibir remuneración alguna, invierten horas de esfuerzo en velar por bienes que pertenecen a toda la sociedad.
Resulta difícil entender que quienes dedican su tiempo libre a proteger la historia, la cultura y la memoria de Tarifa tengan que reclamar algo tan básico como ser escuchados. En cualquier sociedad que valore su patrimonio, estas personas deberían encontrar las puertas abiertas de las instituciones. Su labor no solo merece respeto, sino reconocimiento.
El patrimonio histórico no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna corporación municipal. Pertenece a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras. Por ello, cuando quienes trabajan en su defensa sienten que son ignorados, la sensación de desamparo trasciende a una asociación concreta y afecta a una parte esencial de la vida pública.
Mientras tanto, la entidad ha reiterado que continuará trabajando en defensa del patrimonio tarifeño y reclamando la atención que considera necesaria para abordar el futuro de la Iglesia de Santiago. Un mes después de aquella reunión frustrada, sigue esperando una respuesta.
