A pocos días de las elecciones previstas para el próximo día 15, el proceso que debería reforzar la legitimidad y la confianza del empresariado está generando, por el contrario, una inquietud creciente. No por una disputa ideológica ni por un choque personal, sino por algo mucho más elemental: el respeto a las normas, la transparencia y la asunción de responsabilidades.
Los estatutos de una asociación no son un documento ornamental. Son la base que regula derechos, deberes y procedimientos. Durante meses, varios asociados reclamaron acceder a ellos para entender bajo qué reglas se convocaban las elecciones y cuál era su margen real de participación. Finalmente, los estatutos han sido remitidos, sí, pero solo tras una insistencia reiterada, lo que no elimina la sensación de opacidad previa, sino que la refuerza.
Una vez analizados, las dudas no han disminuido. El proceso electoral introduce requisitos para ser candidato que no figuran en el propio texto estatutario: antigüedades mínimas no previstas, exigencias profesionales concretas, la obligación de presentar equipos de trabajo o incluso la necesidad de que existan al menos dos candidaturas para que haya elecciones. Se mezclan conceptos jurídicos distintos —como no ostentar cargo público y no figurar en listas políticas— y se imponen reglas nuevas sin modificación formal alguna. Alterar así las condiciones de participación no es un detalle técnico: es cambiar las reglas del juego.
Este escenario no puede analizarse de forma aislada. Hace apenas unos días, un artículo de opinión sacudía la aparente normalidad de la gestión de la actual Junta Directiva. Bajo el título “El rey está desnudo”, se exponían hechos que, como mínimo, exigían una reacción inmediata: suspensión de elecciones a 24 horas de celebrarse, rendiciones de cuentas informales, problemas para justificar fondos públicos, pérdida de subvenciones relevantes por falta de gestión, una comunicación institucional prácticamente inexistente y una preocupante confusión entre representación empresarial y posicionamiento político. Nada que un empresario asociado o no, pueda aceptar.
Desde la publicación de aquel artículo, las consultas de empresarios a esta redacción se han multiplicado. Lo llamativo no es solo la preocupación expresada, sino el hecho de que nadie haya salido a negar los hechos relatados. No ha habido desmentidos claros. No se han ofrecido explicaciones públicas detalladas. No se ha asumido responsabilidad alguna. No ha habido dimisiones.
Y entonces la pregunta se impone, incómoda pero inevitable: ¿aquí no pasa nada?
El silencio institucional de la asociación, cuando se señalan cuestiones de esta gravedad, no es neutral. Callar no apacigua la polémica ni transmite serenidad; la agranda. Más aún cuando ese silencio coincide con un proceso electoral ya cuestionado por su alejamiento de los estatutos y por una forma de gobernar que parece más preocupada por conservar el control que por fortalecer la participación y la confianza del conjunto del empresariado.
Resulta difícil hablar de normalidad democrática cuando las reglas no están claras desde el principio. Resulta difícil pedir confianza cuando la información llega tarde y solo tras insistencia. Resulta difícil sostener un discurso de transparencia cuando la crítica se responde con mutismo. Y resulta especialmente grave que todo esto ocurra en una organización que dice representar a un sector ya de por sí castigado por la dificultad de emprender y mantener un negocio en Tarifa.
¿Por qué la AFET no es TRANSPARENTE 100%?
A estas alturas, el problema ya no es únicamente quién gane las elecciones del día 15. El verdadero problema es cómo se ha llegado hasta aquí y si el empresariado de Tarifa va a aceptar que exigir claridad, respeto a las normas y explicaciones públicas siga considerándose una molestia en lugar de un derecho.
Alguien tenía que decir que el rey está desnudo (señalar lo evidente) . Ya se ha dicho. Ahora queda decidir si se mira hacia otro lado o si, de verdad, se empieza a caminar hacia cosas mejores. Porque en democracia asociativa, como en la vida pública, el silencio ante hechos graves no apaga el conflicto: lo confirma.
