La asociación y plataforma ciudadana «Somos Tarifa» ha denunciado públicamente lo que considera una vulneración de sus derechos de información y participación ciudadana en relación con el expediente urbanístico conocido como Gran Parcela, actualmente vinculado a la mercantil Nova S.L.
Según explica el colectivo, en octubre de 2024 solicitó formalmente al Ayuntamiento de Tarifa personarse en el expediente PG8/2024 (G4717), relativo a la desestimación del convenio urbanístico de la denominada Gran Parcela. En aquella petición, la asociación reclamaba ser informada de cualquier modificación que afectara al procedimiento, así como de posibles recursos contencioso-administrativos que pudieran presentarse tanto por las partes implicadas como por terceros.
Sin embargo, aseguran que el Consistorio no les comunicó el cambio de denominación de Gran Parcela a Nova S.L., circunstancia que consideran relevante dentro del desarrollo del expediente.
La asociación también critica que el Ayuntamiento haya permitido la instalación de un cartel promocional de Nova S.L. en la zona afectada. A su juicio, la publicidad podría resultar engañosa al anunciar futuras oportunidades de empleo cuando el convenio urbanístico fue previamente desestimado. Los denunciantes comparan esta situación con la vivida en otros proyectos urbanísticos del municipio, como el de Las Piñas.
Asimismo, recuerdan que durante una sesión plenaria se informó de que la denuncia presentada respecto a dicho cartel había sido trasladada al área de disciplina urbanística, aunque afirman desconocer hasta la fecha el resultado de las actuaciones emprendidas.
Ante esta situación, el colectivo ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento toda la información relativa al expediente, recordando que la administración dispone de un plazo máximo de un mes para responder a su requerimiento.
Los representantes de la asociación sostienen que se han vulnerado sus derechos de acceso a la información y participación ciudadana, al considerar que la ciudadanía no ha sido consultada sobre un proyecto que, según indican, guarda relación con la planificación del litoral. En este sentido, apelan a los principios recogidos en el Convenio de Aarhus de la Unión Europea sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos medioambientales.
Finalmente, el colectivo cuestiona la actuación municipal y plantea la necesidad de explorar nuevas vías legales ante lo que califican como una falta de respuesta efectiva a las denuncias presentadas sobre actuaciones que consideran contrarias a la normativa vigente.
