Con fecha de ayer comenzaron los trabajos de los cortafuegos en la zona sur de la urbanización, trabajos encargados y pagados por la «supuesta» comunidad de propietarios.
Estos trabajos se realizan en las fincas rústicas propiedad de Guadalmesí Paradise, S.L., quién realmente debería ejecutarlos a su costa, para proteger las parcelas edificadas de la urbanización.
En este caso, evidentemente, Guadalmesí Paradise, S.L, no va a denunciar a la «supuesta» comunidad por acceder a su propiedad y realizar los trabajos que, en todo caso, debería asumir.
Es comprensible que los propietarios estén preocupados por los riesgos de incendios y la seguridad de sus hogares, no por ello se debe asumir una responsabilidad que no les corresponde, puesto que la urbanización es suelo «urbano» y como tal, para los propietarios solo existe la obligación de mantener limpias sus parcelas, y esto lo saben los que dirigen la «supuesta» comunidad.
Lo mismo ocurre con los trabajadores contratados para el desbroce de calles y zonas verdes, también propiedad de Guadalmesí Paradise, S.L., y responsabilidad suya, y/o del ayuntamiento.
Mientras que Guadalmesí Paradise, S.L. se sigue enriqueciendo a costa de los propietarios que pagan, la mayoría condicionados por sus intereses particulares o por huir de los problemas, o por que han sido condenados injustamente, u obligados por el propio ayuntamiento, se está dando carta de naturaleza legal a esta comunidad, arrastrando a los propietarios que, por sus convicciones y creencia en el Estado de Derecho, se niegan a pagar.
La responsabilidad para los propietarios no se limita a pagar un recibo, piensen que en el caso de un accidente laboral, con resultado grave, la responsabilidad penal y/o civil recaerá en la comunidad, y por ende en los propietarios, pero ¿en cuales propietarios?.
Si definitivamente la justicia dictamina que la comunidad es ilegítima, ¿quién asumiría esas consecuencias?
