España cerró el año con 471.360 empleos más y el nivel de paro más bajo desde 2007, antes de la crisis. El tirón del mercado laboral, en un contexto de desaceleración y de gran incertidumbre, ha sido la sorpresa de un otoño económico que se presentaba con grandes incertidumbres.

El camino, por supuesto, será largo hasta alcanzar los estándares de los países más exitosos en materia de empleo, pero vamos bien. La subida continuada de la afiliación es un resultado llamativo al que se añade la mayor estabilidad de los nuevos contratos (un 38,3% de los 17 millones de contratos firmados en los 11 primeros meses de 2022), fruto de la reforma laboral.

La recuperación de algunos de los sectores más intensivos en empleo como la hostelería, la restauración y otras actividades ligadas al turismo (un 71% de los contratos firmados en el sector servicios), explica en parte ese buen comportamiento del mercado laboral. Pero no solo en España, sino también a nivel europeo, lo que ha permitido a la economía evitar por ahora un aterrizaje brusco.

Sin embargo, las cifras podrían estar evidenciando un cierto cambio en la gestión de las plantillas. Ya no es tan frecuente que las empresas recorten empleo ante el mínimo rumor de recesión como pasaba en la industria -el sector más expuesto a las turbulencias globales-, que ha resistido, incluso avanza levemente, indicando que las empresas no recortarán plantillas hasta percibir señales inequívocas de recesión.

Bruselas cree que el empleo aguantará mejor en esta crisis ante el alto número de puestos de trabajo sin cubrir. Los jóvenes que entran en el mercado laboral ya no bastan para cubrir las vacantes que dejan los trabajadores que se jubilan. De hecho, está aflorando el fenómeno de escasez de mano de obra, que difícilmente se compensará con la inmigración.

Las fórmulas contractuales relativamente estables en comparación con la temporalidad, omnipresente durante décadas, también contribuyen a cambiar el panorama. Además, la agilización de las ayudas para el mantenimiento del empleo aporta un sostén adicional a las empresas ante los vaivenes de la coyuntura.

Dicho de otra forma, el umbral que necesita la economía española para crear empleo se ha reducido. La principal asignatura pendiente es la reincorporación de los parados y de las personas alejadas del mercado laboral, catalogadas como “inactivos”, pero que podrían trabajar.

Según la EPA del tercer trimestre, los parados y los inactivos con edades comprendidas entre 20 y 64 años suman 8,6 millones de personas (2,8 millones de parados y el resto de inactivos en edad de trabajar). Aunque este es el mejor registro de la serie histórica, todavía representa el 30% de total de la fuerza laboral, es decir 4,4 puntos más que la media europea. Para suprimir esa brecha, sería necesario crear 1,7 millones de puestos de trabajos adicionales.

La inclusión de los parados y de los colectivos de inactivos que pueden trabajar es por tanto un reto fundamental para nuestra economía. Y depende de una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo, que alivien los cuellos de botella que empiezan a aflorar.

Eso no se podrá hacer sin una mayor y mejor inversión en educación, y una mejora en la empleabilidad para ajustar los puestos de trabajo que ofrece el mercado con la formación de los demandantes de empleo. Un dato: España es el segundo país de Europa con mayor porcentaje de universitarios desempleados.

Por tanto, es necesario orientar más estudios hacia ámbitos con elevada inserción laboral, ofreciendo a los estudiantes las competencias que la sociedad requiere hoy en día, intensificando la agilidad del sistema y su adaptación a las necesidades actuales para incrementar tanto la empleabilidad de los graduados o formados como la competitividad del tejido empresarial español.

Espero que la nueva Ley de Empleo aprobada hace unos días en el Congreso de los Diputados (con 187 votos a favor y la abstención del PP), que transformará el actual Servicio Público Estatal (SEPE) en una nueva “Agencia Española de Empleo” con la intención de modernizar y hacer más individualizada la atención al ciudadano, no sea una oportunidad perdida.

Porque, además, la nueva Ley incluye un mayor control previo de los despidos colectivos (ERE) a través de la Inspección de Trabajo. Y una mejora definitiva de los nuevos incentivos al empleo, ante la poca efectividad de los actuales, con los Planes Europeos de Recuperación y Resiliencia, como nueva herramienta a las personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas de este país.