En un comunicado, la Junta ha recordado que la disciplina urbanística es «una potestad pública de deber inexcusable de los ayuntamientos» y que esta administración «ha dibujado un marco legal y una vía que les permite poder regular aquellas agrupaciones irregulares cuyos delitos han prescritos y que se encuentran en un limbo jurídico».
Respecto a las demoliciones previstas ha explicado que son edificaciones prefabricadas «construidas sin licencia urbanística sobre suelo rústico» y que «desde 2019 hasta 2023 se han levantado hasta 58 actas de inspección». Así, a pesar de advertirles de incurrir en una ilegalidad y precintos «que rompen sistemáticamente», los propietarios «siguieron adelante con las obras de las viviendas».
Sobre las viviendas cuyos delitos han prescritos y se encuentran en un limbo jurídico, la administración andaluza ha señalado que con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) «se pueden acoger a planes especiales que puede llevar a cabo ayuntamientos como los de Vejer y que la Junta ha ofrecido ayudas para su financiación». Estos planes especiales «minimizan el impacto ambiental sobre el entorno de estas edificaciones, que además podrán contar con suministros básicos regularizados».
Así, ha advertido no se puede dar «carta blanca» a estas edificaciones y «mirar para otro lado» para «seguir permitiendo que se construya sobre suelo rústico porque eso es ilegal».
Como ha asegurado, «la práctica totalidad de edificaciones se constituyen en segunda residencia y, en su mayoría, se destinan a alquileres vacacionales clandestinos» y que en virtud de que el Ayuntamiento no ha ejercido la disciplina urbanística, ha sido la inspección autonómica quien está adoptando medidas que «hasta ahora» están dando «los resultados esperados», ya que se observa «un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones».
De hecho, según ha dicho, hay propietarios que han comenzado las demoliciones evitando agravar la situación administrativa, económica y judicial en la que se encuentran.
Esta estrategia, según ha aclarado, «no es exclusiva de El Palmar, sino que se realiza en toda la comunidad autónoma». A este respecto, ha informado de que el Plan General de Inspección, aprobado recientemente, fija las prioridades de actuaciones, que hace hincapié en evitar las parcelaciones ilegales en Andalucía.
La labor inspectora de la Junta de Andalucía se ha reforzado desde 2019, con el triple de actuaciones. El número de parcelas (que no edificaciones) objeto de expedientes de restablecimiento de la legalidad ascendió a «cerca de un millar en los dos últimos años», una cifra muy superior a las 38 parcelas y edificaciones objeto de expediente en 2018. Además, se pone el foco en la prevención, de tal manera que en los últimos dos años se han efectuado «740 precintos en Andalucía frente a la ausencia de ellos en 2018».
