Manifiestan que se trata de un Presupuesto general para el 2024, cuya publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor por ley debió realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior, siendo su aprobación inicial publicada el 18.01.2024.
Ponen en duda la capacidad legal de los Informes emitidos debido a que la ciudadanía sigue sin tener una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con nombre y apellido.
Tarifa, 25.02.2024 Verdes de Europa-Tarifa y la Asociación Somos Tarifa rechaza en alegaciones los Presupuestos por diversos factores.
Consideran que no solo entienden como nulidad jurídica la publicación de los Presupuestos iniciales realizada fuera de fecha, sino que al seguir a la espera de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/denuncias/res-pa-003-2021.pdf, la ciudadanía con todo derecho puede poner en duda la capacidad técnica, profesional de los que suscriben dicho Presupuesto, más aún, al faltar la figura del Interventor y el Secretario General con habilitación de carácter nacional.
Se vuelven a omitir, indican, como años anteriores, los gastos del suministro de agua potable consumido por las dependencias y servicios municipales, siendo evidente que el Ayuntamiento es consumidor en sus propias dependencias y tiene la obligación legal de presupuestar, reconocer y abonar dicho gastos. Es así, que se da la apariencia que la contratación del servicio del agua con la concesionaria Aqualia le resulta gratis al Ayuntamiento o bien se desentiende del mismo permitiendo que sea un chiringuito para la concesionaria. El gestor privado del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio actúa como vicario o delegado del Ayuntamiento.
Su portavoz Rosmarie Hennecke manifiesta, “el presupuesto indica un aumento en ingresos urbanísticos, los cuales, según se describe, no han tenido en cuenta las proyecciones de ingresos extraordinarios que presumiblemente van a tener lugar en concepto de ingresos urbanísticos, a lo cual me pregunto si lo de presumible se debe gracias a las futuras bondades de Grupos inmobiliarios/constructores, que como en el caso del agua, se aparenta que estos gestores privados tienen el poder y actúan como delegados del Ayuntamiento, lo que a mi modo de ver ha quedado patéticamente evidenciado en la presentación de FITUR 2024.”
Este grupo se manifiesta contrario al Presupuesto 2024, explayándose en varios puntos. Y, ante los serios problemas estructurales, históricos, como lo son por ej. la depuración de aguas residuales y los tendidos eléctricos, entre otros, exigen un proceso de revisión de los objetivos planteados y las metas en materia de contabilidad, finanzas, beneficios económicos realizando una fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que en el 2003 en sus conclusiones indica un “Ayuntamiento patas arriba”: https://drive.google.com/file/d/1WLr1X02wVRWXipLCyJ5xZQgBoYn0eMrz/view?usp=sharing
Exigen el cumplimiento del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a una buena administración, y, el artículo artículo 103.1. de la Constitución Española viene a indicar que la administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
