El caso Plus Ultra salpica a Gibraltar con transferencias millonarias y sociedades pantalla

La sombra de Gibraltar reaparece en el caso Plus Ultra. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a la colonia británica como uno de los puntos clave en una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate público de la aerolínea.

Según las pesquisas, parte de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno español a Plus Ultra en 2021 habrían sido desviados a sociedades instrumentales y cuentas opacas repartidas entre Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. Los investigadores consideran que el exconsejero de la compañía, Rodolfo Reyes, habría participado en la operativa financiera que buscaba ocultar el origen de los fondos mediante transferencias internacionales y movimientos triangulados.

El magistrado instructor sostiene que la trama funcionaba como una estructura organizada dedicada al blanqueo de capitales, mezclando dinero de procedencia ilícita con inversiones financieras y operaciones comerciales para reintegrarlo aparentemente limpio a sus beneficiarios. En este entramado, Gibraltar aparece señalado como uno de los enclaves utilizados para canalizar transferencias hacia cuentas bancarias opacas.

La causa ha dado un nuevo giro tras la orden internacional de detención emitida contra Reyes, actualmente en paradero desconocido y con alerta activa de Interpol. El juez considera que existen indicios de delitos de apropiación indebida, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La investigación también conecta al empresario venezolano con operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro. Informes policiales apuntan a un posible intento de transporte de entre cinco y ocho toneladas de oro desde Caracas hasta Dubái, una operación en la que habrían participado sociedades vinculadas a la red investigada.

El caso vuelve a colocar a Gibraltar bajo el foco de las investigaciones financieras internacionales y añade presión política y judicial sobre uno de los rescates empresariales más controvertidos de los últimos años en España.

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