El Consejo de Ministros abordó este martes el acuerdo para la declaración de emergencia de las actuaciones para reparar los daños del tren de borrascas de inicio de este año y que afectó al litoral de las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Granada y Málaga.

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se recurre a este procedimiento de emergencia previsto en materia de contratación pública se regula en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

El acuerdo, que aprobó el secretario de Estado de Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de la Costa y el Mar, establece un plazo inicial de ejecución de hasta nueve meses.

Las actuaciones se enmarcan en las medidas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, convalidado por el Congreso de los Diputados en respuesta a los daños de los fenómenos meteorológicos adversos que han afectado especialmente a Andalucía y Extremadura.

La medida contará con una inversión de 12 millones de euros y se financia con cargo al crédito extraordinario habilitado en el Real Decreto-ley 5/2026.

El desglose de los trabajos señala que en la provincia de Almería se destinarán 700.000 euros con objeto de reponer las costas afectadas de los términos municipales de El Ejido (playa Guardias Viejas), Enix (playa El Palmer) con erosión extraordinaria, para cuya reparación se plantea un trasvase para la primera y, a priori, un aporte de cantera para la segunda. A su vez, también ha habido afecciones a las playas de El Lance de la Virgen (en Adra) y Balerma (en El Ejido), proponiéndose para su respuesta un trasvase en ambas.

SEIS MILLONES PARA LAS PLAYAS DE CÁDIZ
Para la provincia de Cádiz se contempla 6,2 millones. La costa de la provincia de Cádiz precisa de actuaciones en diversos municipios, inicialmente en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate y Tarifa, lo que requiere fundamentalmente de diversos movimientos y aportes de arena de diferente origen.

Para la provincia de Granada se contempla 2,9 millones de euros. Las reparaciones se concentran en varias playas, inicialmente, playas Cotobro, Puerta del Mar-Fuentelapiedra, La Caletilla y Velilla (en el municipio de Almuñécar); playas del delta del Guadalfeo (Salobreña, Motril, Torrenueva); y playas Castillo de Baños, La Rábita y El Pozuelo (Polopos y Albuñol). Para ellas se consideran diversos movimientos y aportes de árido, según las disponibilidades de cada una.

En el caso de Huelva se prevén 916.000 euros para unas obras que se centrarán en el municipio de Isla Cristina, donde está previsto actuar sobre la dañada pasarela de La Gola, y en diversas playas; en Lepe; y en las playas de Matalascañas (Almonte) con un aporte previsto en esta última de unos 60.000 metros cúbicos de arena.

En el caso de la provincia de Málaga se reservan 1,28 millones a las actuaciones previstas. Los datos de oleaje registrados en la boya de Málaga, procedentes de la red de Puertos del Estado, ponen de manifiesto el carácter excepcional de los temporales acaecidos, lo que ha conllevado una pérdida significativa de arena de recuperación natural muy limitada en la práctica mayoría de municipios, en concreto, y a salvo de un análisis más detallado, en los de Manilva, Caseres, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja. Para todos ellos se requieren inmediatos movimientos de arena.

Permitirá actuar de forma inmediata para restaurar las playas y el dominio público marítimo-terrestre afectados por los temporales, que han provocado importantes desplazamientos de arena, pérdida de anchura en diversas playas y daños en infraestructuras costeras.

El Gobierno ha señalado en una nota que supone un régimen excepcional aplicable cuando la Administración deba actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos y así se propicia actuar sin demora ante situaciones de peligro para la costa.

Los trámites exigidos suponen en primer lugar la previa declaración de emergencia por el órgano de contratación competente, que ejecuta a través de una resolución motivada que acredite las circunstancias que impiden la tramitación ordinaria del expediente.

El Gobierno ha explicado que el objetivo técnico de esas actuaciones «es recuperar la capacidad de las playas para actuar como defensa natural frente al oleaje y la erosión litoral, mediante movimientos y aportes de arena que permitan restablecer su equilibrio y funcionalidad ambiental».

La Administración del Estado ha subrayado que la inversión prevista en estas obras de emergencia es al margen del plan de ayudas a ayuntamientos, dotado con un fondo de 2.000 millones de euros.

En este caso se trata de transferencias directas para cubrir en este 2026 las necesidades financieras de las entidades locales tras las actuaciones para paliar los efectos de la catástrofe, así como para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, incluidas las hidráulicas, los sistemas de abastecimiento y las playas.