Soberanía: Los artículos 1 y 3 señalan que el acuerdo «no prejuzga la cuestión de la soberanía y la jurisdicción de Gibraltar», por lo que el tratado respeta «las respectivas posiciones de España y Reino Unido».
Schengen: Una de las claves es el cambio de naturaleza de la frontera, estableciendo que el acuerdo permitirá «la aplicación a Gibraltar de las partes más relevantes del acervo Schengen necesarias para alcanzar la eliminación del control de movimiento de personas entre Gibraltar y el área Schengen, removiendo todas las barreras físicas».
Papel de España: España, como Estado vecino miembro de Schengen, será responsable de la implementación [ ]de los controles Schengen. Reino Unido (Gibraltar) no [los] implementará. El texto insiste en que «España será responsable ante la UE de la aplicación» del acuerdo Schengen en Gibraltar, incluido el código de fronteras y la protección de sus límites exteriores.
Doble llave de entrada. Gibraltar decidirá primero si autoriza o deniega la entrada al visitante, usando su propia base de datos. España decidirá después si autoriza o deniega la entrada en el área Schengen (en la que se integra Gibraltar), utilizando la base de datos Schengen. Ambas decisiones serán acumulativas; es decir, se requieren los dos permisos para entrar en el Peñón.
Puerto y aeropuerto. España y Gibraltar harán los controles de personas y equipajes en las instalaciones del puerto, además de otros controles sobre cruceros y puerto deportivo. Similar procedimiento se aplicará a las llegadas por vía aérea. Ofíciales españoles y gibraltareños compartirán oficinas en una instalación en el aeropuerto creada con este fin,
Periodo de transición. Durante un razonable periodo de implementación de cuatro años, España pedirá asistencia operacional de la Agencia Europea de Fronteras y Guarda Costas (Frontex) para tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores, estableciéndose una misión conjunta. En el caso de que, transcurridos los cuatros años, alguna de las partes (España o Reino Unido, incluidos los gibraltareños) no esté satisfecha con los resultados, el acuerdo se dará por terminado, previa celebración de consultas.
Permisos de residencia. Las autoridades del Peñón podrán dar permisos de residencia que solo serán válidos para residir en Gibraltar, advierte el texto. Las autoridades gibraltareñas deberán tener en cuenta una eventual oposición por parte de España, añade. Además, el Gobierno del Peñón debe garantizar que su política de permisos de residencia se adecua a los estándares españoles y europeos y se basa en la existencia de vínculos reales con Gibraltar.
Cooperación judicial y policial. España y Gibraltar harán una vigilancia conjunta de las fronteras exteriores a través de una fluida cooperación judicial y policial, que se reforzará.
Unión aduanera. El futuro tratado incluirá una solución a la medida, basada en la adaptación a Gibraltar de la unión aduanera de la UE, de la que hasta ahora estaba excluida. Se eliminarán, por innecesarios, los controles aduaneros en la Verja pero serán necesarias medidas que eviten distorsiones en el mercado interior, especialmente en la economía de la región vecina, Andalucía. Para ello, Gibraltar deberá aplicar en lo sustancial los mismos aranceles y política comercial que la UE, lo que incluye derechos aduaneros, IVA, prohibiciones y restricciones por razones de seguridad; así como facilitar a la Unión estadísticas fiables sobre sus importaciones de bienes.
Mecanismo de salvaguarda. Los trámites aduaneros precisos se formalizarán en España, fuera de la Verja, aunque se instalarán puntos de control en el puerto y el aeropuerto de la colonia. Las autoridades aduaneras de España y Gibraltar colaborarán para controlar las importaciones del Peñón. Se pondrá en marcha un mecanismo para monitorizar la aplicación de la legislación aduanera de la UE y, en caso de incumplimiento, se podrían reintroducir los controles. Eliminar las barreras físicas entre España y Gibraltar requerirá reforzar la armonización. Dado el pequeño volumen del tráfico de mercancías de Gibraltar a la UE, los trámites no deberían implicar una excesiva carga administrativa, señala el texto.
Tabaco. El acuerdo subraya la necesidad de desarrollar impuestos especiales para productos sensibles (tabaco, alcohol y fuel) y adoptar medidas que garanticen la igualdad de condiciones y aseguren la trazabilidad de los productos del tabaco. Acuerdos administrativos entre España y las autoridades de Gibraltar desarrollarán su cooperación mutua en esta área.
Medio ambiente. Gibraltar no adoptará ni mantendrá ninguna medida que debilite el nivel de protección medioambiental de la UE. La cooperación mutua en esta materia se reforzará, señala.
Fondo de cohesión. El acuerdo podría incluir la creación de un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en materia de formación y empleo. Los fondos de la UE podrían contribuir a este mecanismo, señala.
Trabajadores transfronterizos. La definición será lo más amplia posible y abarcará tanto a trabajadores por cuenta propia como ajena. Se les garantizará igualdad de trato con los nacionales respecto al empleo, retribución y condiciones de trabajo. Su permiso de trabajo les dará acceso preferente al mercado laboral, sin importar su situación y sin limitaciones por ocupación, pudiendo cambiar de empleador. La solicitud de permiso podrá presentarla tanto el empleador como el trabajador y la mera presentación de la solicitud podría incluir el derecho a desplazarse para buscar empleo. Recibirán un documento físico que les acreditará como trabajadores transfronterizos.
Seguridad Social. El acuerdo incluirá un capítulo sobre coordinación de Seguridad Social de quienes trabajen en Gibraltar y residan en España y viceversa. Las previsiones serán similares a las del tratado entre la UE y el Reino Unido y nunca inferiores, en protección y derechos, a las del tratado de retirada.
Datos personales. Para facilitar el flujo de datos personales, el acuerdo prevé que la legislación europea en esta materia se siga aplicando a Gibraltar, adaptándose a los cambios.
Disputas. Las diferencias en la aplicación del acuerdo se someterán al arbitraje del mecanismo de gobernanza del tratado general entre Londres y Bruselas sobre el Brexit.
