Se refiere a la adjudicación de contratos con un procedimiento excepcional por la COVID que siguió utilizando hasta 2023. Juan Manuel Moreno rechaza cualquier ilegalidad y acusa al PSOE de adjudicar 791 millones en contratos menores. Foto Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Pleno del Parlamento andaluz este jueves.

Un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia del PSOE por supuesta malversación y prevaricación en los contratos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con la sanidad privada, un asunto que los socialistas consideran un ‘modus operandi’ en el Gobierno andaluz, liderado actualmente por el ‘popular’ Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha rechazado que haya alguna ilegalidad.

La denuncia, presentada el pasado mes de junio, se refiere a la adjudicación de esos contratos utilizando el procedimiento excepcional que se aprobó para la pandemia de coronavirus.

Contratos por 300 millones de euros
Según el PSOE, la denuncia (presentada el pasado mes de junio) se refiere a la adjudicación de unos 300 millones de euros por contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.

«Hablamos de un ‘modus operandi’, no hablamos de un expediente puntual, ni de algo aleatorio o excepcional», ha sentenciado este jueves el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, en rueda de prensa. Cree que a partir de la apertura de esta investigación podrá conocerse quiénes fueron los principales beneficiarios de estos contratos.

El juzgado de instrucción 13 de Sevilla ha sido el que ha admitido a trámite esta denuncia, mientras que el PSOE ha anunciado que presentará también otra tras conocerse una información sobre que el Gobierno regional fraccionó miles de contratos «en fraude de ley» con los que repartió «a dedo» 458,3 millones de euros a las mismas empresas en 2021.

Según esta información, el órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores (aunque en todos ellos el objeto de la prestación es «el mismo o similar»), con el fin de «disminuir la cuantía del mismo» para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, «eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva» y, en definitiva, «infringir la ley».

Juan Manuel Moreno se defiende y acusa al PSOE
Este asunto ha sido objeto de discusión este jueves durante la sesión de control al Gobierno del pleno de la Cámara andaluza, donde Espadas y los grupos de la oposición de izquierdas han pedido explicaciones a Moreno, al que han acusado de permitir un «caso de corrupción» en el SAS.

Moreno se ha defendido de estas acusaciones desvelando que cuando Espadas era consejero de Vivienda en 2009 el 96% de los contratos que adjudicó eran menores, y que cuando fue alcalde de Sevilla, nueve de cada diez contratos eran de este tipo.

Además, ha sacado documentación del Tribunal de Cuentas en la que, según ha explicado, en 2018 (cuando gobernaba el PSOE), en las ocho centrales provinciales del SAS se adjudicaron 791 millones de euros en contratos menores.

Moreno ha explicado que, cuando esto ocurrió, la Intervención de la Junta argumentó también reproches, al señalar que se había prescindido «total y absolutamente» del procedimiento establecido, fraccionando los contratos, por lo que ha preguntado al líder socialista si iba a denunciar al anterior Ejecutivo socialista de Susana Díaz.

Reproches de Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía
El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha acusado a Moreno de una «mala gestión» de los servicios públicos, un motivo por el que a su juicio ha cesado a las consejeras de sus principales competencias.

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reprochado el «silencio» de Moreno y ha lamentado que estas «irregularidades» al final las paga la sanidad pública que, en su opinión, ha tenido un verano «infame», con colas para coger citas, con enfermeros que se quedan en paro y se les contrata por un mes.

Por su parte, Inmaculada Nieto (Por Andalucía) ha censurado que a Moreno «no le preocupe la corrupción» y que se destinen miles de millones a contratos «alejados» de la legalidad, y ha añadido que este tipo de contratos no son solo del pasado sino que actualmente se siguen realizando.

El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha criticado al PSOE por, en vez de «agachar la cabeza y pedir perdón» por casos de corrupción como los ERE o FAFFE, haya reaccionado «intentando poner una losa de fango en funcionamiento» e «inventar un bulo para que parezca que todos somos iguales».