Hay comentarios que resumen mejor que cualquier titular lo que ha ocurrido este fin de semana en Tarifa.
«¿Y si un vecino necesitase una ambulancia? ¿Quién sería responsable de que no pudiese llegar? ¿y si muere por llegar tarde?»
La pregunta es lícita y real, debería hacernos reflexionar.
Porque cuando una ciudad queda bloqueada, colapsada, intransitable durante muchas y muchas horas, el problema deja de ser únicamente el tráfico.
¿Qué ocurre si un niño sufre una reacción alérgica grave? ¿Si una persona mayor entra en parada cardiorrespiratoria? ¿Si una mujer embarazada necesita atención urgente? ¿Si un bombero o una ambulancia tienen que atravesar una ciudad completamente colapsada?
Nadie debería tener que hacerse esas preguntas, y sin embargo, este fin de semana muchos vecinos se las hicieron.
La OPE es un operativo de interés nacional. Pero el derecho de quienes vivimos aquí —y de quienes nos visitan— a recibir asistencia sanitaria, a moverse con seguridad o simplemente a llegar a casa, también debería ser una prioridad nacional.
La evidencia ya no llama a la puerta, la ha derribado.
Y lo más preocupante es que la APBA, Balearía y compañía siguen actuando como si aquí no viviera nadie, como si Tarifa fuera únicamente un lugar de paso. Desprecio sin medida
Quizá haya llegado el momento de dejar de normalizar lo que nunca debió convertirse en normal, porque el límite de una ciudad no se mide cuando se forman colas de coches, se mide cuando empezamos a preguntarnos si una ambulancia llegará a tiempo.
Y ese límite, para muchos vecinos, hace tiempo que quedó atrás. Tarifa ha sido ignorada y despreciada, ese es un dato objetivo.



