El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha confirmado este miércoles que el Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Marruecos no tendrá una aplicación «provisional» o interina de modo que entrará en vigor cuando el pleno del Parlamento Europeo lo ratifique.
Así se ha manifestado el ministro en declaraciones a los periodistasdurante el transcurso de la Conferencia Sectorial de Agricultura que se celebra en Madrid, apenas una hora después de que la UE y Marruecos hayan cerrado el acuerdo que permitirá a la flota comunitaria, principalmente española, regresar a los caladeros que gestiona Rabat y que les fueron cerrados hace casi dos años por los problemas para renovar el convenio anterior. El nuevo régimen tendrá un coste anual de 40 millones de euros para las arcas comunitarias.Arias Cañete ha señalado que la UE se pone a trabajar para que el acuerdo pueda entrar en vigor «pronto» y ha indicado que ahora comienza un proceso parlamentario, primero en Comisión y luego en el pleno del Parlamento, que será «complicado», pero ha previsto que a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre se logre «impulsar la ratificación de este protocolo», para lo que ha instado a los dos partidos mayoritarios españoles en el Parlamento Europeo, PP y PSOE, a realizar un «esfuerzo» y sacar adelante el acuerdo.En ese sentido, ha dicho que pedirá al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que «estimule» a sus parlamentarios para que «cerremos filas» ya que es «un asunto que interesa a las flotas artesanales y a otros sectores, que necesitan que esto salga bien y sin tropiezos». «Vamos a trabajar día y noche para impulsar que esto avance», ha añadido.Durante su intervención ante los medios, el ministro ha aprovechado para agradecer al rey marroquí, Mohamed VI, y a su homólogo de Pesca en el país vecino sus esfuerzos para que el acuerdo saliera adelante. «Espero que sea preludio de una larga tarea de cooperación conjunta en el sector pesquero», ha añadido.40 MILLONES DE EUROSSobre los aspectos técnicos, Arias ha indicado que el acuerdo beneficiará a casi un centenar de buques españoles, en su mayoría andaluces y canarios, con más de 700 tripulantes y que tendrá una vigencia de cuatro años, con una contrapartida financiera de 40 millones de euros por cada año. De ellos, 16 serán para derechos de acceso, 14 para el apoyo sectorial y de cooperación con el sector pesquero marroquí y diez de los pagos por licencias de los diferentes operadores que, en el caso de España, han subido un 12 por ciento sobre el anterior, cantidad que se considera «asumible».Tras señalar la «importancia económica y social» del acuerdo, ministro se ha mostrado convencido de que habrá una «demanda importante» en la petición de licencias, al contrario de lo que ocurrió tras el acuerdo de pesca con Mauritania.Arias Cañete ha explicado que dentro de la categoría 1, se beneficiarán 20 barcos de Barbate con 350 tripulantes, que ven ampliada hacia el Sur su zona de pesca para un máximo de cinco barcos simultáneos, con posibilidad de aumentar esa cantidad en el próximo año.En el caso de los palangreros, afectará a 24 embarcaciones de Conil, Barbate y Algeciras, con casi 150 tripulantes, lo que supone cinco licencias adicionales respecto al acuerdo anterior y, además, cuatro de ellos, podrán faenar en las zonas más al Sur y, excepto informe científico contrario, el año siguiente, esa posibilidad se abrirá a más embarcaciones.Para los artesanales canarios, se mantienen las condiciones anteriores; mientras que en la de los barcos de arrastre demersal, que era una categoría «poco usada» en el pasado, ahora se abre y permite hasta cinco arrastreros de un máximo de 600 toneladas cada uno y a once palangreros de fondo. Esta pesquería, que se configura como exploratoria a más de 200 metros de profundidad, será regulada en sucesivas Comisiones Mixtas en función de los datos recogidos, ha subrayado el ministro.Por último, para la Categoría 5, la de los barcos atuneros de Canarias de pesca con caña y otros artes de anzuelo, se mantienen las características técnicas esenciales y se establece una obligación de desembarque del 25 por ciento de las capturas totales anuales de menor valor.
