TCAM-CÁDIZ/M.P.
Los decanos y directores de las facultades y escuelas de la Universidad de Cádiz (UCA) han manifestado su «radical oposición» a las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 14/2012 sobre dedicación del profesorado y precios públicos por servicios académicos universitarios. Así, exigen su derogación y anuncian que apoyarán todas aquellas medidas que desde la UCA se tomen para la consecución de dicha exigencia.
«Rechazo frontal» al procedimiento de elaboración del Real Decreto
En un manifiesto, expresan un «rechazo frontal» con el propio procedimiento de elaboración del Real Decreto, en el que «en ningún momento se ha contado con la opinión y experiencia de las universidades», máxime considerando las «graves consecuencias que su aplicación ocasionará en el funcionamiento y resultados del sistema universitario y el retroceso que provocará en el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y social de nuestro país, al vulnerar sustancialmente el modelo de universidad actualmente vigente y la concepción de universidad pública».
Critican la «difusión sesgada» de informaciones en cuanto a dedicación docente del profesorado universitario, dando a la sociedad «una visión que en ningún caso se corresponde con la realidad». De igual forma, consideran que restringir la cualificación de la investigación a la posesión de sexenios –que son «de carácter voluntario y creados exclusivamente como complemento económico»– obedece a «una visión parcial y errónea de la labor investigadora realizada por los profesionales de las universidades públicas».
Opinan que la aplicación de estas medidas incidirá en aspectos «fundamentales» de las universidades y «repercutirá negativamente en el avance económico y social de los territorios donde se ubiquen, especialmente en aquellas regiones económicas más desfavorecidas».
La aplicación de Real Decreto supondrá «la pérdida de autonomía universitaria»
Aseguran que la aplicación del Real Decreto supondrá «la pérdida de autonomía universitaria. En cuanto a la subida de tasas, advierten que sin una adecuada correspondencia en el sistema de becas se producirá «una involución de los avances sociales logrados para el alumnado de las universidades públicas, agudizando las desigualdades sociales».
Además, el incremento en la dedicación docente del profesorado supone «una reducción drástica de plantilla encubierta», dado que no se renovarán contratos a personal que actualmente trabaja en el sector educativo. De igual modo, hace «insostenible mantener siquiera las labores tanto de gestión como de investigación, cuanto menos avanzar en la calidad de dicha investigación».
Asimismo, destacan que el supuesto gasto que conlleva el mantenimiento de un sistema de universidad pública «debe entenderse como lo que es: una inversión que garantizará el crecimiento económico del país donde se asienta», implicando el Real Decreto «retrocesos en la formación de los alumnos y su capacitación para el desarrollo cualificado de su profesión», amén de una reducción del desarrollo tecnológico derivado de la transferencia de resultados de la investigación realizada en los centros universitarios al tejido productivo, como sustento del desarrollo económico».
