Según ha explicado a Europa Press Antonio Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la plataforma ‘Salvemos Valdevaqueros’, el TSJA inició un procedimiento tras admitir a trámite en enero de 2013 el recurso planteado por los ecologistas contra la aprobación del Plan de Valdevaqueros por el Ayuntamiento de Tarifa el 29 de mayo de 2012. Señala que el contencioso-administrativo continúa abierto y está pendiente aún la declaración de peritos cuyos informes «demuestran el gran impacto negativo que tendría el desarrollo de este proyecto urbanístico». Sin embargo, el Ayuntamiento de Tarifa ha seguido adelante y ha aprobado definitivamente el texto refundido del plan parcial en Pleno con los votos a favor de los siete ediles del PP, cuatro votos del PSOE, dos votos del PA, el voto en contra del edil de IU y las abstenciones de los dos ediles del partido independiente Unidad Liberal por Tarifa (ULT). Así lo recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del pasado 14 de julio. Por ello, Ecologistas en Acción solicitará al TSJA la acumulación de la demanda y una nueva impugnación del acto de aprobación del texto refundido del Plan Parcial de Valdevaqueros, toda vez que «consolida un instrumento urbanístico que estimamos contrario a derecho», afirma Muñoz.EL PLAN Sostiene Ecologistas en Acción que la aprobación de esta «macrourbanización» –con una superficie de 740.000 metros cuadrados junto a la playa, con 350 viviendas y varios hoteles con 1.423 plazas hoteleras– se ha realizado «vulnerando todo tipo de normas y planes medioambientales», por lo que entienden que «debe ser anulado y definitivamente desestimado». Su objetivo es preservar «uno de los parajes litorales vírgenes más afamados y valiosos del sur de Europa». Cabe recordar que entre las «ilegalidades» y argumentos en los que Ecologistas en Acción basaba su recurso inicial figura que un elevado porcentaje de la «macrourbanización» se encuentra en el interior de la zona protegida como Parque Natural del Estrecho, incluida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE) como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Entre otras cuestiones, aluden también al incumplimiento de la normativa del Parque Natural del Estrecho y las competencias de su Junta Rectora. Asimismo, apuntan que el Plan Parcial «vulnera varias directivas comunitarias». En este sentido, citan Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente, que obligan a someter al preceptivo proceso de evaluación de impacto ambiental los proyectos que afecten a los hábitats incluidos en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), como apuntan que es el caso
