TCAM-AGENCIAS/E.P.
El Pleno del Congreso aprobará una moción sobre seguridad ciudadana en la que plantea tipificar la violencia urbana como delito y modificar la Ley reguladora del derecho de reunión para lograr «una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas».
El Grupo Popular ya ha adelantado que este jueves dará su apoyo a esta moción de CiU, que apuesta por establecer una tipificación específica del delito de violencia urbana posibilitando la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar. Además, aboga por una nueva definición del delito de «alteración del orden público» y del delito de atentado.
Durante el debate de esta iniciativa en el Pleno, el portavoz de Seguridad Vial de CiU en el Congreso, Jordi Jané, ha explicado que esta iniciativa busca ofrecer una mejor respuesta a los supuestos casos de violencia urbana que se producen en reuniones y manifestaciones, y que revelan una especial peligrosidad, como por ejemplo, la ocultación de identidad o la posesión de material de alto riesgo o de instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales.
También se plantea la modificación del Código Penal en cuanto a la difusión de información, que tenga como objeto organizar y promover la participación en acciones de alteración de orden público, y la aplicación de penas alternativas a la privación de libertad, fomentando los trabajos que beneficien a la comunidad.
CATÁLOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Además, propone actualizar el catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlo a nuevas conductas como la ocultación del rostro o la posesión de determinados instrumentos, la resistencia pasiva y la desobediencia a las autoridades.
La mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es otro de los puntos que pretende mejorar con el objetivo de crear una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas.
Además, insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades Autónomas para desarrollar el Registro Nacional de Faltas con la finalidad de responder con mayor eficacia al fenómeno de la multirreincidencia delictiva. Igualmente, promueve un acuerdo político y social para incrementar los valores de respeto y generar una mayor conciencia cívica en contra de la violencia urbana. «Sin seguridad ciudadana no es posible desarrollar la vida en libertad y para ello necesitamos un gran acuerdo», ha explicado Jané.
EL PP: «SE TRATA DE PROTEGER LOS DERECHOS DE TODOS»
El portavoz de Interior del Grupo Popular, Conrado Escobar, ha afirmado que la propuesta «refleja las medidas anunciadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el titular de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón» en esta materia. «Se trata de proteger los derechos de todos», ha recalcado.
Para Escobar, la moción de CiU «no significa apostar por ningún estado policial sino, todo lo contrario, aportar por un estado de libertad». «Entendemos que no puede existir libertad sin una adecuada seguridad ciudadana», ha dicho.
EL PSOE DICE QUE RECUERDA AL CÓDIGO PENAL DEL FRANQUISMO
Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión de Interior, Pedro José Muñoz, ha advertido que la moción de CiU «tiene un antecedente que recuerda al Código Penal del franquismo». Además ha calificado de «absolutamente innecesaria» la modificación de «la ley que regula el derecho de manifestación y reunión» ya que, a su juicio, «lo que envuelve es la criminalización de aquellas personas que se manifiestas contra medidas injustas».
Por su parte, el portavoz de Defensa de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha dicho que no entiende qué es lo que persigue CiU ni tampoco «tanta chapucería» y «tanta inoportunidad política» y ha calificado de «muy lamentable» la moción. Además, le ha preguntado a los diputados de Convergencia que «¿cómo pueden hacer de liebre del PP?».
El diputado del PNV Aitor Esteban se ha mostrado «un tanto sorprendido» con esta moción porque «al principio comenzaba en un planteamiento razonable» que «fue inflándose». Así, mientras que ha apoyado la revisión del protocolo policial, que se propongan penas alternativas a la prisión o la interconexión de las bases de datos, ha advertido que la modificación de la Ley de Reunión necesita de un «amplio consenso».
Durante su intervención, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha indicado que la «violencia callejera y la multirreincidencia tienen un tratamiento bien distinto desde cualquier punto de vista». «¿Qué es lo que se persigue?», ha preguntado Díez, mientras ha afirmado que considera que o es una «regulación innecesaria o no es el sitio o se está hablando de otra cosa». «Noto cierto tufillo de intervencionismos policial y de negación de derechos», ha apostillado.
Finalmente, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto, ha puesto de relieve que el debate de la moción se ha producido «con un Congreso acordonado», lo que ha calificado de «aberración política». En su opinión, una moción que liga conceptos como «carteristas» o «ladrones de cobre con la protesta social es lamentable». «Fíjese si es un error político que el PP ni se la enmienda y va a votar a favor», ha concluido.
