Así lo afirma en respuesta a la portavoz socialista de Pesca en el Congreso, Consuelo Rumí, quien a principios de este periodo de sesiones registró una pregunta parlamentaria para conocer las medidas que adoptaría el Ejecutivo o que reclamaría a la UE para «garantizar que la flota que faena» en la zona pudiera volver a hacerlo «cuanto antes» o para compensarles económicamente de no ser así. Y es que desde finales de julio las autoridades llanitas y españolas se hayan enzarzadas en un conflicto a cuenta de las aguas que rodean el Peñón, donde tradicionalmente han faenado pescadores andaluces y a las que Gibraltar comenzó a lanzar bloques de hormigón para impedir la pesca. MÁS DE UNA VEINTENA DE AFECTADOS Según la respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno, las cofradías de pescadores y las asociaciones de armadores están definiendo la flota y los tripulantes que se verán beneficiados por una orden de ayudas para «compensar parcialmente» la imposibilidad de faenar en su caladero habitual, compensaciones que se otorgarán por un periodo de seis meses a contar desde el 1 de agosto, pudiéndose prorrogar otros seis meses «si la situación actual persiste». Además, reconoce que «es difícil encontrar un caladero» donde la veintena de barcos que habitualmente faenan en la bahía y las embarcaciones que lo usan de manera rotatoria o en función de las condiciones climatológicas, puedan trabajar en similares condiciones de cercanía y refugio. «No obstante, desde esta Administración se están estudiando los posibles caladeros alternativos sin que se produzca un acusado incremento de esfuerzo que pudiera deteriorar los recursos de la nueva zona propuesta», concluye la respuesta.
