, que, según recuerda, «obtuvo todo el respaldo social e institucional y el apoyo unánime del Parlamento andaluz en 1989», en un proceso que suponía precisamente pasar de privada a pública la propiedad de los montes. En declaraciones a Europa Press, Casero ha argumentado que el que sea de titularidad pública es «una demanda histórica» y el hecho de que «ahora retrocedamos tantos años, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza» y es «muy grave, sobre todo por lo que significa para el entorno del Campo de Gibraltar». El presidente de Ecovalia, que agrupa a más de 12.000 miembros y unas 900.000 hectáreas, señala que el sector de la agricultura ecológica está convencido de que La Almoraima «tiene que ser un punto de referencia en todos los aspectos» y anima a «apostar seriamente por hacer un buen manejo de una explotación de esa dimensión, que tiene distintas posibilidades y alternativas desde el punto de vista del uso y, sobre todo, de unos aprovechamientos económicos que den estabilidad a las poblaciones del entorno». La finca «reúne condiciones para muchísimas cosas, pero no tiene que perder precisamente la titularidad pública», sostiene.»NO ES DE RECIBO QUE LA ADMINISTRACIÓN HAGA NEGOCIO» En relación a la propuesta realizada por Verdemar-Ecologistas en Acción de impulsar una plataforma social encaminada a que los ciudadanos, grupos sociales y ayuntamientos pongan fondos para pujar por la finca para que siga siendo patrimonio de todos, dice Casero que «hay precedentes de este tipo de experiencias en otras partes del mundo que parten de la propia ciudadanía», enfatizando que lo «realmente sorprendente de este asunto es que sea la Administración la que hace negocio, y eso no es de recibo». «La ciudadanía tiene derecho a reivindicar que lo público sea defendido por las instituciones, y no que las instituciones sean las que intentan sacar beneficio», censura, y añade que en este caso sería, además, «un beneficio temporal que después no sirve para nada», pues serían «300 millones puestos en manos de una Administración que no ha sido transparente en absoluto y que no ha sido capaz de hacer una buena gestión». Económicamente «no va a suponer nada» para el Gobierno, pero «sí significa poner nuestros montes a disposición de intereses que no son de la ciudadanía general», recalca. A La Almoraima «se le dio esa gran oportunidad de ser de titularidad pública» y cambiarlo ahora sería un «retroceso imperdonable». Explica Casero que, de hecho, actualmente se están haciendo en distintas partes del mundo «cada día más proyectos encaminados a recuperar el terreno en conservación del territorio por encima de intereses particulares». En este sentido, indica que responsables de iniciativas de este tipo que se están desarrollando en la zona de Argentina y Chile tienen previsto desplazarse a España para trasladarle sus experiencias y que «se pueda hacer aquí también». Finalmente, el presidente de Ecovalia incide en que había «un amplio consenso» en torno a La Aloraima y no entiende que «vayamos a romperlo ahora por una cuestión puntual que no va a aportar absolutamente nada», garantizando finalmente que aplaudirá y apoyará «en la medida que me sea requerido» cualquier iniciativa para evitarlo, para lo que «no tendré la más mínima duda».
