Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que, como adelanta este martes el Grupo Joly, la socialista deberá abonar esta cantidad como «garantía» del pago de la multa de ocho millones de euros que solicita la Fiscalía Anticorrupción si resulta condenada, dado que dicho juzgado ya ha dictado auto de procedimiento abreviado por el caso. En este sentido, de no poder afrontar esta fianza, las mismas fuentes han precisado que se procederá al embargo de las propiedades que tenga a su nombre, como le ocurre actualmente al también exalcalde jerezano Pedro Pacheco por el ‘caso de la Estación de Autobuses’. La investigación por el presunto desvío de fondos del Plan E surgió a instancias de una denuncia del gobierno local del PP a finales de julio de 2011, cuando al mes y medio de tomar posesión detectaron posibles desfases que en un primer momento ascendieron a 7,6 millones y en la denuncia final se elevaron a los 8,6 millones. En relación al «desfase» de 8,6 millones de euros, la Fiscalía y la Abogacía del Estado –que también se ha personado en esta causa– le acusan de haber destinado presuntamente dicha cantidad a «fines ajenos» a los 14 proyectos incluidos en el Plan E y la Ciudad del Flamenco para los que fueron concedidos, como fue el pago de nóminas municipales.
