Este paso se da, según el escrito remitido a Verdemar por el fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, al que ha tenido acceso Europa Press, «al haberse acreditado indiciariamente la venta de arena extraída de la duna a distintas empresas que gestionan campos de golf de la provincia, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón».
Expone el fiscal que, una vez analizada la denuncia, se ordenó a la Guardia Civil la elaboración de un informe al respecto, no desprendiéndose de las averiguaciones practicadas indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Esto es, según señala, porque dicha extracción de arena, «atendiendo a su volumen y al lugar en el que se ha producido, no causa un riesgo grave al equilibrio de los sistemas naturales, tal como exige el delito del artículo 325 del Código Penal».
Apunta que, al contrario, es «el crecimiento desmesurado de la duna lo que supone un riesgo para las formaciones de enebrales y pinares existentes en el lugar, muchos de cuyos ejemplares han quedado sepultados por el avance progresivo de la misma que periódicamente, además, bloquea la carretera A-2325».
No obstante, informa de que se ha trasladado la información recabada a la Fiscalía Provincial de Cádiz por cuanto «parece preciso profundizar en la investigación» iniciada por si se hubiesen cometido otros delitos de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental.
