Gil asegura que la contratación de Iglesias se debió a la necesidad de un albañil

IAM/Redacción Los Juzgados de Algeciras acogían ayer el juicio por prevaricación contra el el ex alcalde de Tarifa Juan Andrés Gil (PP) y el alcalde de la ELA de Facinas, Cristóbal Iglesias (PP), quedando éste visto para sentencia tras la declaración de ambos y tres testigos.

Hay que recordar que la fiscalía solicita doce años de inhabilitación para Gil y diez para Iglesias, además del pago de una multa diaria de diez euros durante ocho meses. La vista giró en torno a la legalidad de los contratos de Miguel Ángel Marín, técnico de Turismo que cumplía su tercer día de trabajo cuando recibió la notificación de que sería despedido; y el de Cristóbal Iglesias, que pasó a ser empleado como albañil para, según dijo Gil, trabajar en el Castillo de Guzmán el Bueno.

Según el fiscal, Gil justificó el despido de Marín como medida de ahorro del Ayuntamiento. La defensa alegó que esta plaza era “innecesaria”, ya que el castillo se encontraba cerrado en julio de 2011 y lo que necesitaban era un albañil para tareas de mantenimiento y poder reabrir el castillo cuanto antes.

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