Pie de foto: Imagen de archivo del puerto de Algeciras.

Los más de 200 kilómetros que ocupan los Puertos del Estado son, a juicio de Greenpeace, «la principal amenaza» para el litoral español que se enfrenta a una «burbuja infraestructural» ante el exceso de proyectos portuarios sin justificación económica pero con un alto coste medioambiental, según se desprende de las conclusiones de la última edición del informe ‘Destrucción a toda costa’, que desde hace 11 años elabora la ONG y en el que se constatan las principales amenazas a las que se enfrentan estos ecosistemas.

El informe presentado este miércoles ha realizado un análisis del impacto de 26 Autoridades Portuarias (AP). En el caso de Andalucía, se hace alusión a la privatización de las playas de uso público del Puerto de Almería, el dragado del Guadalquivir que lleva a cabo el Puerto de Sevilla y que, según Greenpeace, tendrá impactos en el estuario y en el Parque Nacional de Doñana, y se denuncian los intentos de la AP de Bahía de Algeciras por destruir el Parque Natural del Estrecho.

Además, el documento revela que los puertos «han tomado el relevo» al ladrillo y detalla que, actualmente, 20 de las 28 autoridades portuarias existentes en España (que dependen de Puertos del Estado y que gestionan los Puertos de Interés General) están ejecutado o tienen proyectos de ampliación de sus instalaciones.

Greenpeace considera que, hasta el momento, el exceso de obras se ha justificado con el argumento de «un posible negocio futuro» sin que se haya tenido en cuenta «ni el descenso de la actividad portuaria ni las lecciones de la explosión de la burbuja inmobiliaria». Además, la ONG señala que muchos de estos puertos compiten entre sí, lo que supone que se están gestando «puertos fantasma» que no tendrán barcos en el futuro, y recuerda que cuatro autoridades portuarias –Valencia, bahía de Algeciras, Barcelona y Bilbao– concentran más del 70 por ciento del tráfico de mercancías.

La organización ecologista también critica el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que, entre 2005 y 2020, va a invertir 22.480 millones de euros en infraestructuras portuarias. Según Greenpeace, el régimen económico de los Puertos del Estado permite que cada puerto pueda ejercer de manera independiente sus actividades y proyectar ampliaciones sobre el litoral «sin tener en cuenta que en muchos de los casos solo les separan una decena de kilómetros».

A juicio de la ONG, la actividad económica y el empleo que generan las obras «únicamente se sostienen a corto plazo y, sin embargo, los costes de mantenimiento de estas costosas infraestructuras perduran a lo largo de toda la vida útil». «No sólo la generosidad europea ha contribuido a la financiación de los proyectos, también la especulación ideada por ayuntamientos y puertos ha contribuido en gran manera a financiar puertos y a destruir el litoral. Lo que no permite la Ley de Costas, sí lo permite la Ley de Puertos», según ha denunciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La destrucción costera también afecta a las especies de la zona y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático. En palabras de la directora de Greenpeace, Miren Gutiérrez, «es necesario un cambio de la actual política de hormigón en el litoral».

«Seguimos invirtiendo dinero público en nocivas infraestructuras sin futuro que son pan para hoy y hambre para mañana, como ya pasó con el ladrillo en la costa. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca», ha añadido.

Por todo ello, Greenpeace ha pedido un cambio de modelo de desarrollo en las políticas portuarias estatales y ha reclamado «urgentemente» una moratoria a las nuevas obras de ampliación, con especial hincapié en los proyectos de Pasaia o El Gorguel: «Aún estamos a tiempo de llegar a buen puerto, por eso es necesario poner fin a este sinsentido portuario», según Marcos.

Además, entre otras demandas, Greenpeace cree que se debe aprobar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa para armonizar todas las actividades en la franja costera, poner freno a los fondos europeos que financian infraestructuras de gran impacto ambiental, aprobar una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos que evalúe el impacto de las dársenas y sus estructuras asociadas y apuesta por una reforma fiscal verde para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra.