En una nota, ha explicado que los hechos ocurrieron cuando se recibió una solicitud de la Fiscalía de Jerez de la Frontera para que se abrieran diligencias penales por un posible delito de estafa cometido contra seis vecinos de Trebujena y Alcalá del Valle, «todos ellos afectados por la inversión sin su conocimiento de sus ahorros», que ascendían a casi 240.000 euros, en participaciones preferentes.    Tras haber tomado declaración a todos los afectados, los agentes determinaron que los contratos de participaciones preferentes se habían efectuado por la misma persona, el director de la sucursal bancaria. Los afectados, «pequeños ahorradores que confiaban plenamente en esta persona, constituyen un grupo de personas sin conocimientos en materia financiera, que se han visto afectados por la crisis y en situación de desempleo, por lo que necesitan esos ahorros para poder subsistir», agrega la Benemérita.    Los contratos, que habían sido suscritos por indicación del citado director, habían sido firmados con la confianza de que era una operación similar a la que habían estado realizando hasta dicho momento con sus ahorros, imposiciones a plazo fijo a cambio de un interés fijo o variable «pero siempre con la condición pactada de que en caso de necesidad podrían recuperar fácilmente su dinero si tuvieran que atender a  necesidades que pudieran surgirles en atención a sus circunstancias personales», explica.    Según las declaraciones de los afectados, se ha constatado que en ningún caso se les había informado de las características técnico-jurídicas de lo que firmaban, concretamente a no poder recuperar el dinero o de que a través de estos productos estaban financiando a la entidad bancaria, pasando a ser inversor-accionista de la misma.    Tras haber solicitado a los servicios jurídicos de la entidad bancaria la remisión de la documentación relativa a los contratos suscritos por los afectados con el fin de finalizar la instrucción de las diligencias, los responsables de la misma se pusieron en contacto con las personas afectadas para devolverles el importe total de sus ahorros, detalla la Benemérita.    Finalmente, los afectados comunicaron a la Guardia Civil que habían recuperado sus ahorros, así como que la entidad les había entregado un documento en el momento de la devolución por el que reconocían que «en la contratación de preferentes pudo haber irregularidades, y que con el objetivo de poner fin a las discrepancias y evitar la probable existencia de procedimientos de reclamación estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el cliente».