«De la información disponible se desprende un posible menoscabo de la hacienda pública autonómica», según apunta el Gobierno andaluz en un comunicado, donde añade que la Administración andaluza deberá personarse para ejercer las acciones que procedan para la recuperación del dinero presuntamente defraudado.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, aseguraba este lunes que la Junta se personará en la causa que investiga presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación si la administración autonómica fue «perjudicada», dejando claro que le importa «un bledo» que el PP-A reclama su personación «sin más demora» como acusación.
RelacionadasAsturias, Andalucía, Canarias y País Vasco piden la retirada de la ley del abortoEl ministro del Interior participa en Melilla en una ruptura de ayuno del Ramadán con cientos de personasInterior justifica que policías interroguen con pasamontañas para salvaguardar su seguridad y las investigaciones El pasado 25 de junio, el Gobierno andaluz ya anunció que había instado al Gabinete Jurídico a analizar los posibles perjuicios para la Junta e iniciar las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos mediante la personación en el sumario, una vez que los procedimientos judiciales así lo permitieran.
Junto a ello, el Gobierno andaluz aseguraba que «continuará en el ámbito administrativo con el análisis de los expedientes correspondientes ejercitando las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye en el ámbito de la normativa de subvenciones» con el objetivo de «obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato».
Según explicaba ese mismo día el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en el proceso de revisión de expedientes iniciado por su departamento –en algún caso a principios de año–, UGT-A dispone de un plazo de 12 meses desde que se abre el expediente para que se acometa o no el reintegro solicitado de las ayudas.
Según los últimos datos aportados por Sánchez Maldonado, la Consejería tiene solicitado un reintegro de 1,8 millones de euros a UGT y actualmente está en el período de que el sindicato puede hacer las alegaciones que crea conveniente, justificar documentación o no «y remitir los papeles que considere pertinentes».
La decisión de dar luz verde a la personación de la Junta en la causa, que ha sido reiteradamente solicitada por el PP-A, se producía tras la detención de 16 personas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación ‘Cirene’.
