TCAM-CÁDIZ/M.P.
La Universidad de Cádiz (UCA) ha emitido un comunicado el que rechaza las medidas incluidas en el Plan económico- financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía y un segundo escrito en el que muestra «su más rotundo rechazo al Real Decreto-Ley 14/2012 del Gobierno de 20 de abril que se ha elaborado al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, acompañado de una injusta campaña de desprestigio de alumnos».
Exige a la Junta de Andalucía «su compromiso con la Universidad Pública y con la sociedad a la que se debe»
la UCA afirma que la enseñanza pública es la base del progreso y de la cohesión social. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 21 dispone que “Las universidades públicas de Andalucía garantizarán, en los términos que establezca la ley, el acceso de todos a las mismas en condiciones de igualdad”.
Señalan que «esta declaración se hace inviable con las medidas incluidas en la actualización del Plan económico- financiero de reequilibrio, publicado por la Junta de Andalucía» ya que el documento prevé adoptar medidas que den cumplimiento a las normas establecidas por el Gobierno de España y su aplicación conlleva un recorte de la inversión en Universidad andaluza de 130 millones de euros, a costa del aumento de la jornada laboral, la disminución en la oferta de títulos, el aumento de tasas académicas o la disminución de becas de apoyo a la formación y a la investigación.
Afirman que «la comunidad universitaria y sus legítimos representantes no hemos sido informados ni hemos podido conocer el contenido ni los objetivos del documento de Actualización del Plan Económico-Financiero de la Junta de Andalucía 2012-2014».
En consecuencia, la UCA emite el siguiente comunicado:
El Claustro de la Universidad de Cádiz rechaza las medidas propuestas por la Junta de Andalucía en la actualización del Plan económico-financiero de reequilibrio.
Reclama, en cumplimiento de la previsión estatutaria y con el fin de que la Universidad pública en Andalucía siga garantizando la igualdad de oportunidades, que no se ponga en marcha el incremento de las tasas académicas.
Solicita el cumplimiento del compromiso del pago de la deuda contraída por la Junta de Andalucía con las universidades con el fin de preservar la continuidad y el funcionamiento adecuado del servicio público y garantizar el mantenimiento de todos los títulos, centros y campus de la Universidad de Cádiz.
Demanda que no recorte la partida presupuestaria dedicada a las Universidades, pues ello no puede suponer sino merma en la calidad de la prestación de los servicios, así como la imposibilidad de la promoción y el desarrollo universitario en el ámbito de su autonomía.
En definitiva, el Claustro de la Universidad de Cádiz exige a la Junta de Andalucía su compromiso con la Universidad Pública y con la sociedad a la que se debe.
Pide al Gobierno la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012
La UCA manifiesta que la educación en nuestro sistema democrático «es un derecho de todos, que los poderes públicos deben garantizar; en su programación general deben participar todos los sectores afectados y las Universidades gozan de autonomía en los términos que establezca la ley, que en la actualidad no es otra que la Ley Orgánica de Universidades».
Añade que las reformas que se vienen produciendo en los últimos tiempos, amparándose en la crisis económica y con la justificación de la reducción del déficit público, inciden de forma muy negativa en todos los aspectos y ponen como ejemplo el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de Abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en el que se regulan aspectos estructurales del funcionamiento del sistema público universitario con el pretexto de adoptar medidas urgentes de ahorro.
Afirman que la Universidad Pública Española, a pesar de su autonomía, «se encuentra sometida y al servicio de un conjunto de directrices políticas, dictadas desde distintas instancias de la administración pública, que afectan sustancial e irreversiblemente al sistema universitario público» y añaden que la garantía del derecho a la educación «queda gravemente amenazada por la subida de tasas académicas, que supone un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades».
Señalan que no ha existido la participación «que la Constitución establece como pilar básico del sistema», debido a que «la comunidad universitaria y sus legítimos representantes no hemos sido informados ni hemos podido conocer, hasta su publicación en el BOE, ni el contenido ni los objetivos de esta disposición». Añaden que han solicitado la paralización del decreto que entraña «múltiples errores» y que han ofrecido su experiencia para «su reelaboración» y se lamentan de que su petición «no ha sido escuchada como lo demuestra su convalidación en el Congreso». Aluden a la «radical negativa del Ministerio al diálogo» al no convocar el Consejo extraordinario de Universidades solicitado por los rectores de las universidades públicas y privadas españolas, con el objetivo del análisis y debate de la aplicación de este Real Decreto Ley.
manifiestan que la autonomía universitaria se ve «gravemente lesionada» debido a que las disposiciones legales «impiden a los órganos de gobierno de las Universidades que gestionen sus plantillas y organicen a su profesorado» y señalan que se imposibilita el desarrollo de la labor investigadora del personal docente, «situación que resulta tanto más sangrante cuanto que ignora el enorme esfuerzo que las Universidades públicas vienen haciendo para dar respuesta al EEES, sin un aumento de recursos y sin merma de la calidad».
Concluyen señalando que aunque reconocen que en el actual sistema democrático el Gobierno de España tiene las competencias y la suficiente mayoría parlamentaria y legitimidad para implementar el programa de reformas que desee, «la justificación para hacerlo no puede pasar por una estrategia previa de ausencia absoluta de diálogo, ni por la urgencia de las medidas de ahorro ni, por supuesto, por la ofensa y menosprecio generalizado sobre el sistema Universitario Español, resultando inadmisible la campaña de desprestigio y de descrédito a los distintos colectivos de la institución universitaria, estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios».
Por todo lo expuesto, la UCA determina:
El Claustro de la Universidad de Cádiz manifiesta su más rotundo rechazo al Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril que se ha elaborado al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, acompañado de una injusta campaña de desprestigio de alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador, y cuyo contenido afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y atenta al derecho a la autonomía universitaria contemplado en nuestra Constitución.
Asimismo, rechazamos el aumento de las tasas de matrícula, la modificación de la dedicación docente basada en un desconocimiento absoluto de la universidad, de su personal, su funcionamiento y del papel que desempeña en la sociedad, así como al empleo del término coste de prestación del servicio asociado a la actividad universitaria.
La actividad universitaria no es un coste, es una inversión. La mejor inversión para el desarrollo de la democracia y el progreso de la sociedad en condiciones de igualdad.
En consecuencia, el Claustro de la Universidad de Cádiz acuerda:
– Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012.
– Deplorar la actitud manifestada por Ministro de Educación, Cultura y Deporte manifestada frente al sistema universitario español.
– Exigir la apertura de un proceso de diálogo sobre el sistema universitario con los legítimos representantes de todos los intereses implicados, de manera que se permita alcanzar el más amplio consenso académico, político y social.
– Demandar la creación, mediante un Pacto de Estado, de un órgano permanente en materia educativa que salvaguarde a la educación pública en todos sus niveles de los vaivenes de los intereses políticos.
– Reafirmar el compromiso de la Universidad de Cádiz con la sociedad a la que se debe, especialmente en estos momentos difíciles y de incertidumbre que vivimos todos.
