IAM/Redacción La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía recuerda, con motivo de las reivindicaciones realizadas por algunos Ayuntamientos sobre el desarrollo de los planes de empleo promovidos desde esta Consejería.
– la financiación de estos planes procede de fondos europeos, concretamente los destinados al Fondo de Garantía Juvenil, siendo estos fondos quienes marcan los plazos de la formación que se adquiere a través de estos contratos;- el objetivo de los planes de empleo es proporcionar una capacitación a las personas desempleadas que resultan beneficiarias de ellos. Esta capacitación, que es la que les va a exigir el mercado posteriormente para su inserción laboral, no se adquiere en un periodo de tiempo inferior;- los alcaldes de los diferentes municipios andaluces son conocedores de esta realidad, trasladada a ellos desde la propia Junta de Andalucía y recogida por la normativa reguladora de este programa (de obligado conocimiento por parte de todo aquel que la solicita), que establece que los contratos realizados a menores de 30 años (Plan Emple@Joven) tengan una duración de seis meses, y las altas que beneficien a mayores de 30 años (Plan Emple@30+) duren entre tres y seis meses;- dicha normativa, además, ha sido aprobada por el Parlamento andaluz, institución que representa al pueblo andaluz e inviolable, según marca el Estatuto de Autonomía vigente en Andalucía.- Asimismo, los Consistorios saben que disponen de tres fórmulas para concretar las contrataciones que realicen en el marco de estas iniciativas. El propio Director General de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía se ha reunido con alcaldes de las formaciones políticas que ahora denuncian estos planes para informarles de la aplicación de las tablas salariales, sin que afecte para ello el caso concreto del Ayuntamiento de Málaga, cuya sentencia responde a una casuística diferente.En último lugar, desde el Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz se quiere destacar el esfuerzo realizado por los empleados públicos de su Administración en la tramitación de estos planes de empleo con la mayor agilidad y rigor posibles, desde sus recursos y competencias.
