Asimismo, según han indicado fuentes de la Consejería, los autobuses dispondrán de venta por Internet de los títulos de viaje, reserva de plazas para personas con movilidad reducida y para estudiantes y trabajadores desde los centros docentes y de trabajo de titularidad pública, así como una serie de medidas que refuerzan la seguridad de la flota.
Todas estas exigencias están encaminadas a «mejorar la prestación de este servicio público, facilitar la atención al usuario, así como a hacer más accesibles y seguros los 1.204 vehículos colectivos con los que cada día se transporta a 171.177 personas en toda Andalucía».
Las nuevas condiciones que exige el departamento que dirige Elena Cortés a las empresas privadas que optan a estos concursos públicos afectan a 1.314 líneas, tanto de carácter interurbano como metropolitano, estas últimas gestionadas a través de los nueve consorcios de transportes que operan en las ocho aglomeraciones urbanas en torno a las capitales de provincias más el Campo de Gibraltar.
El primer contrato que comenzará a aplicar estas novedades es la línea que conecta Granada con el aeropuerto y Cacín, cuya concesión se encuentra actualmente en licitación. El resto de itinerarios se irá adecuando progresivamente a los nuevos requisitos a medida que la Consejería de Fomento y Vivienda vaya convocando los correspondientes concursos públicos, una vez extinguida la vigencia de los actuales contratos de concesión.
En este campo de adaptación a las tecnologías de la información, los usuarios tendrán la opción de adquirir los títulos de viaje por Internet sin coste adicional, mejorando así la calidad de la atención.
Por otro lado, la flota deberá estar adaptada para permitir el transporte de bicicletas de manera gratuita, teniendo en cuenta que los vehículos sin maletero tendrán que incorporar un portabicicletas exterior con capacidad para hasta tres bicis, mientras que los autobuses con bodega podrán albergar hasta un máximo de cinco. Para controlar las operaciones de anclaje y desanclaje de las bicicletas, los nuevos contratos exigen la instalación de una serie de cámaras frontales y traseras exteriores en los vehículos.
Asimismo, el transporte en autobús interurbano será más accesible con los nuevos contratos ya que se incluye una serie de medidas orientadas a favorecer los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.
Las empresas adjudicatarias de las rutas estarán obligadas a presentar a la Administración un plan de accesibilidad, en el que se indicarán las expediciones, calendarios y horarios en los que circularán los vehículos adaptados; además el documento deberá contener un protocolo, expuesto al público en lugar visible en los diferentes puntos y modos de venta de billetes, mediante el cual las personas con movilidad reducida puedan solicitar que los vehículos que reúnan las condiciones de accesibilidad necesarias circulen en determinadas rutas y horarios.
La normativa exige que aquellos servicios en los que se disponga de diez ó más vehículos, se garantizará que al menos el 15 por ciento de la flota sea accesible. La Consejería de que dirige Elena Cortés valorará aquellas ofertas en las que el cien por cien de la flota disponga de una plaza de persona usuaria de silla de ruedas.
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las fuentes han precisado que las nuevas concesiones de transporte incluyen una serie de requisitos relacionados con las características técnicas que han de reunir los vehículos con el fin de incrementar las condiciones de seguridad y el confort durante los desplazamientos, así como la eficiencia energética en Andalucía.
De esta forma, los autobuses deberán tener una antigüedad máxima de diez años y tendrán que contar con las últimas actualizaciones de los sistemas de resistencia estructural al vuelco, antideslizamiento y de control de trayectoria o de suspensión delantera independiente. Será obligatorio también usar neumáticos recauchutados y biocarburantes, en cumplimiento del Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía.
Otros criterios que se modifican en los contratos es la duración máxima de las concesiones, que pasa a ser de diez años; la obligatoriedad de subrogación del personal contratado por parte del nuevo adjudicatario, logrando así dotar de mayor estabilidad del empleo de este sector; o la introducción del criterio de género en las contrataciones del personal.
