Los crímenes cometidos por las tropas franquistas en el valle de La Sauceda en 1936 y 1937 ya están en Naciones Unidas. Una delegación de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo y del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar entregaron ayer en Sevilla una amplia documentación a miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas e Involuntarias. Rocío Mendoza, abogada sevillana que presentó en julio de 2012 una denuncia en los juzgados de Jerez, les entregó copia del expediente judicial. Ese expediente incluye un informe histórico de lo acaecido en La Sauceda y el Marrufo, cortijo en el que el año pasado se exhumaron los restos de 28 personas fusiladas y con signos de haber sufrido torturas y violencia. La documentación incluye un informe arqueológico y otro antropológico, realizados por los expertos que participaron en la exhumación. Los 28 cadáveres aparecieron en siete fosas comunes en terreno del Marrufo, finca ubicada en el término de Jerez de la Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.
Rocío Mendoza explicó que esta documentación demuestra que en La Sauceda y el Marrufo las tropas franquistas cometieron crímenes contra la humanidad y prácticas genocidas. Añadió que el Estado español debe investigar esos crímenes que no prescriben y dar satisfacción a las víctimas y sus familiares, que necesitan verdad, justicia y reparación.
Andrés Rebolledo, presidente de la asociación de familiares, intervino en la reunión de representantes familiares, víctimas y asociaciones de toda Andalucía con los miembros del grupo de la ONU. Explicó que los historiadores calculan que en La Sauceda desaparecieron centenares de personas. Recordó que en este poblado la aviación franquista realizó uno de los primeros bombardeos sobre población civil de la historia de la humanidad, meses antes que Guernica fuese bombardeada por la aviación nazi. Añadió que La Sauceda desapareció para siempre. “La Sauceda desapareció del mapa, el pueblo fue arrasado y la población que no logró huir fue encerrada en El Marrufo. Allí los torturaron y los fusilaron”, afirmó. Rebolledo explicó que en La Sauceda y el Marrufo vivían unas 2.000 personas, pues era el último lugar de resistencia republicana donde se habían refugiado cientos de familias procedentes de pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes.
Rebolledo, también presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, añadió que esta comarca fue una de las primeras en sufrir la dura represión y el plan de exterminio del oponente que las tropas franquistas pusieron en marcha nada más dar el golpe de Estado. “En el conjunto de los siete pueblos que componen el Campo de Gibraltar fueron fusiladas unas mil personas”, explicó. Rebolledo agradeció a la comisión de la ONU su presencia en Andalucía y concluyó: “Las víctimas y sus familiares no solo necesitan la tranquilidad de encontrar y recuperar a sus seres queridos asesinados y enterrados como animales en cunetas y caminos, necesitamos, sobre todo, justicia y esperamos que nos ayudéis a conseguirla”.
El grupo de trabajo de la ONU, integrada por Ariel Dulitzky y Jasmina Dzumhur, recibió documentación y escuchó también los testimonio de víctimas, familiares y representantes de asociaciones de Sevilla y su provincia, de Almonte, La Palma del Condado, Huelva, Chiclana, Cádiz, Adamuz, Jauja, Córdoba y varios pueblos más de su provincia, Ronda, Málaga y Benamejí. Todos ellos coincidieron en señalar cómo los jueces españoles han ido archivando una tras otras sus denuncias, el desamparo en que se encuentran, y los obstáculos que el Gobierno español y la Administración de justicia ponen a sus justas aspiraciones de verdad, justicia y reparación. Representantes de dos asociaciones de niños robados expusieron también sus reclamaciones a los representantes de la ONU y les dijeron que son víctimas no del pasado, sino del presente porque sus hijos no están muertos, siguen vivos. Añadieron que el robo de niños que comenzó en 1936 y llegó hasta bien entrada la democracia obedece a un plan sistematizado, dirigida por una mafia de altos funcionarios franquistas. “No fue cosa de una sola monja como nos quieren hacer creer”, dijo la portavoz de Alumbra.
