Fuentes gubernamentales han explicado que el objetivo de esta ley, cuyo anteproyecto se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes, es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios para contribuir a la estabilidad de precios y a la moderación que se aplica en otros ámbitos de la economía. Así, la futura norma acompañará a otras iniciativas de distinta naturaleza que persiguen estos mismos objetivos, como el acuerdo de moderación salarial firmado por los agentes sociales hasta 2014 y la desvinculación de las pensiones del IPC. Todo parece apuntar que la norma derogaría cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el IPC desde el 1 de enero de 2014. La norma no afectaría a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a los transportes, las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones y los precios de los contratos públicos. Hasta ahora, los precios servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno eliminaría esta vinculación al IPC y analizaría las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios. Por ejemplo, en 2013 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) aprobó una resolución que permitía a Telefónica aumentar la cuota de abono hasta el IPC como máximo entre 2013 y 2016, algo que no sería posible con la futura norma del Ejecutivo. Por su parte, el precio del billete de los autobuses de línea interurbanos subió una media del 2,4% el 1 de abril por la actualización de tarifas acordada por el Gobierno y el sector en el año 2000, que tenía en cuenta el IPC medio del último año y se ajustaba en función de la evolución del número de viajeros que registrara cada línea. Tras la entrada en vigor de la ley, el precio de estos billetes sólo tendría en cuenta elementos que afectaran al coste, como por ejemplo la evolución del precio del carburante y del número de viajeros. Por otro lado, la norma desarrollará un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado. El nuevo índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo índice tendría un tope del 2% –el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)– y un suelo del 0%.EXTENSIÓN AL SECTOR PRIVADO El Gobierno pretende fomentar el uso de este nuevo índice para que lo acabe aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. Este sería el caso de los contratos de arrendamiento, en los que se suele incluir una cláusula para actualizar el precio del alquiler año a año teniendo en cuenta la evolución del IPC. Con la aprobación de la norma, que sólo afecta a los tres niveles de administración, el Gobierno quiere infundir esta cultura en el sector privado y que los futuros arrendamientos tengan en cuenta el nuevo índice en lugar del IPC que se ha usado hasta ahora. En cualquier caso, el objetivo final de la futura ley es conseguir un cambio estructural en la economía para avanzar hacia una cultura de mayor estabilidad en la que se eliminen los efectos perjudiciales derivados de la ligación automática del IPC en la formación de precios y costes.
