IAM/REdacción
Hoy, 82 años después, la situación de crisis generalizada, la corrupción política campando a sus anchas, una masa de trabajadores, de autónomos, de parados, de estudiantes, de jubilados cada vez con menos derechos, con más obligaciones y cada vez más empobrecida tiene muchas semejanzas con aquella España monarco-dictatorial que precedió a la II República.Desde el inicio de la crisis los gobiernos de turno de la monarquía parasitaria, heredera del franquismo, han venido agrediendo abiertamente a las clases populares, utilizando la crisis como excusa para imponer de manera acelerada sus programas de recortes de derechos sociales y laborales.Las medidas aprobadas por el ultraconservador gobierno de Mariano Rajoy van en esa dirección y no hacen sino ahondar y profundizar en las reformas llevadas a cabo por el PSOE de Zapatero. Medidas que no están destinadas a solucionar la dura situación de los trabajadores, ni mucho menos a crear empleo, sino a seguir favoreciendo a los magnates del país, bancos y grandes empresas, y a tranquilizar a los mercados y a sus socios europeos.En un país con una tasa de paro que supera el 25%, rebasando con creces la media de la Unión Europea y el de países como Portugal (17%) o Irlanda (18%); y con una tasa de paro juvenil más que preocupante (superior al 50%), el gobierno reaccionario del PP se estrenó con una retahíla de recortes atroces a los servicios públicos, que son de todos y para todos, poniendo su punto de mira especialmente en la educación y en la sanidad, pero también en los transportes públicos, en la justicia, en los servicios sociales, etc.Las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la corrupción existente en el seno del Partido Popular, y todas las aparecidas sobre lo mismo en el seno del PSOE (y otros partidos nacionalistas de derechas), no son una excepción dentro del sistema monárquico. La corrupción es algo intrínseco, inherente del sistema. No se le puede llamar democracia a un sistema en el cual se vota cada ciertos años a una serie de ficticias opciones, en el que hay un déficit y falta de transparencia y no hay opciones de ejercer democráticamente el control ciudadano.Las brutales reformas impuestas suponen un ataque directo a nuestros derechos, derechos que no nos regalaron sino que fueron conquistados con largas luchas, movilizaciones, sufrimiento e incluso la muerte de los que nos precedieron.El objetivo lo tienen claro: liquidar el estado de bienestar y las conquistas sociales y populares; y las medidas para conseguirlo, no sólo las hemos visto sino que las estamos padeciendo.Ante estos brutales ataques los trabajadores, los estudiantes, los parados, las clases populares, han dicho basta. Así lo demuestra el éxito de las multitudinarias manifestaciones que continuamente se producen a lo largo y ancho del estado español. Movilizaciones que tienen lugar en diversos sectores, como son la educación, con la marea verde, la sanidad, con la marea blanca, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y STOP Desahucios, etc.; movilizaciones que hay que dotar de una perspectiva política que las unifique y que las haga avanzar en una misma dirección, y ésta no puede ser otra que la República. Ya que ésta significa más democracia, progreso, fomento de lo público, supremacía del interés general sobre el particular, una lucha frontal contra la corrupción y por supuesto acabar con la infame impunidad del franquismo y el reconocimiento honroso de sus víctimas, de aquellos que lucharon y que dieron su vida por defender los derechos que hasta ahora hemos disfrutado y que nos están arrebatando a golpe de decreto.Los ataques de la oligarquía, empecinada en acabar con todos los derechos sociales y laborales, no van a acabar con estos recortes, ni con las reformas que nos están imponiendo, sino que irán más allá, ya que las instituciones de la Unión Europea exigen cada día más y más esfuerzos a los trabajadores, como demuestra el acoso permanente a los distintos pueblos de Europa, como hemos visto recientemente con el rescate en Chipre.Ante todo lo expuesto, la Junta Republicana del Campo de Gibraltar exige:- La dimisión del Gobierno, por incumplir su programa político y por los numerosos escándalos de corrupción que le salpican.- La ruptura con el actual régimen heredero del franquismo, reivindicando la legalidad republicana que toma su origen en la II República, para alcanzar la proclamación de la III República española. Acabar con la impunidad que actualmente goza el franquismo.Y propone:- Impulsar un Proceso Constituyente Republicano, con amplias alianzas políticas, ciudadanas y sociales, que culmine en una Asamblea Constituyente y la celebración de un Referéndum Monarquía-República que devuelva al pueblo la opción de decidir que desde siempre la ha sido hurtada, en el camino de proclamar la III República federal, social, democrática y solidaria.- Una política económica que, con la implantación de resortes estratégicos de titularidad pública, se oriente al pleno empleo, estable y de calidad, con unos Servicios Públicos – Sanidad y Educación a la cabeza- garantizados por el Estado, y con control sobre precios y circuitos de comercialización.- Una Reforma Fiscal centrada en la progresividad y la erradicación del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales.- Una legislación socio-laboral garante de los derechos sociales, laborales y sindicales, con una reducción de la jornada laboral para que puedan trabajar dignamente más hombres y mujeres.- Un Estado laico, garante y respetuoso de la libertad de conciencia y confesión y unas políticas que pivoten en torno a la paz y la no-violencia activa, respetando los Derechos de los Pueblos.La República, a diferencia del capitalismo y su versión institucionalizada, la monarquía, es la garantía más propicia para el desarrollo efectivo de los derechos humanos y la democracia.
