IAM/Redacción La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía realizará este 2018 un total de 1.203 inspecciones de comprobación y verificación de las instalaciones industriales y de depuración para ver si cumplen con los condicionantes recogidos en las autorizaciones de vertidos, además de los requisitos exigidos por la legislación medioambiental, desglosados en 714 controles de vertidos a dominio público hidráulico y 489 al litoral.
Cádiz será la provincia donde más inspecciones se lleven a cabo, con 404, 232 y 172 de cada una, seguida de Almería con 145 controles de vertidos a dominio público hidráulico y 64 al litoral, en Granada 60 y 17, en Huelva 136 y 153, en Málaga 139 y 54, y en Sevilla 3 y 29.Estas actuaciones se desarrollarán en aquellos núcleos urbanos de más de 250 habitantes equivalentes cuyo vertido esté sujeto al otorgamiento de una autorización, cuenten o no con ella. También se realizará en aquellas actividades e instalaciones cuyos vertidos de naturaleza industrial tengan autorización o esté en trámite.Esta iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 21 de mayo, contempla inspecciones rutinarias o programadas para comprobar que se cumplen los requisitos medioambientales marcados en la autorización de vertidos y otras de carácter puntual, previas al otorgamiento de una autorización o como consecuencia de una denuncia o incidente. La periodicidad con la que se realizan estos controles se establece según el tipo de vertidos: urbanos o industriales. Para el primero de ellos se tendrá en cuenta el número de habitantes equivalentes, el grado de contaminación, las características del medio receptor o de los incumplimientos detectados con anterioridad; mientras que para el segundo la regularidad de los controles dependerá del tipo de industria y del volumen de vertido, así como de la presencia o no de sustancias peligrosas.Esta actuación se desarrolla en el marco de la Ley (9/2010) de Aguas de Andalucía y de su reglamento de vertidos, donde se establecen los planes de inspecciones como fórmula idónea para prevenir los posibles impactos negativos y garantizar el cumplimiento de los condicionados ambientales, aplicables a las diferentes actuaciones con incidencia en el medio natural. Según recoge esta norma, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es la administración competente encargada de realizar los controles en función de la adecuación de las instalaciones de tratamiento de los vertidos, los incumplimientos detectados con anterioridad, así como de la población atendida o del volumen que vierte la industria. También se tendrá en cuanta la peligrosidad del vertido industrial, la existencia en núcleos urbanos de un número importante de industrias o de fábricas altamente contaminantes por la toxicidad potencial de sus vertidos o por el volumen de los mismos o por la presencia de espacios naturales protegidos y de especies en peligro.
