En un comunicado, las autoridades del Peñón aseguran que su Gobierno «no tolerará ningún intento de interferir en las operaciones legales de aprovisionamiento de combustible en las aguas territoriales británicas en Gibraltar». Además, afirman que «hasta la fecha no ha habido ningún intento de restringir o interferir de alguna forma» en estas operaciones.

El Gobierno gibraltareño ha respondido así después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, informara este martes de que el Gobierno va a modificar la legislación medioambiental para establecer un cuadro de sanciones para la práctica del ‘bunkering’ en los barcos fondeados permanentemente dentro de la zona de especial conversación.

En el comunicado, aseguran que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece «los límites de la jurisdicción británica en las aguas alrededor de Gibraltar» y señalan que, por tanto, el aprovisionamiento de combustible en estas aguas está regulado por «las leyes gibraltareñas».

España no reconoce a Reino Unido soberanía sobre las aguas adyacentes a Gibraltar, más allá de las que recoge el Tratado de Utrecht de 1713 por el que España cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensas y fortaleza. Es decir, no se reconoce a Reino Unido más aguas que las del interior del puerto del Peñón.

Londres, en cambio, entiende que por aplicación de la Convención de la Ley del Mar tiene una milla y media de aguas territoriales hacia Algeciras y tres millas hacia mar abierto.