COMO CONSECUENCIA DEL DECRETO DEL GOBIERNO
En rueda de prensa, Menacho ha señalado que el ‘caso Bárcenas’ y la polémica en torno a Gibraltar han desviado la atención sobre un tema de hondo calado social y ha considerad que esta modificación normativa supone «el mayor ataque a la igualdad en la enseñanza porque hasta hora, la educación nos hacía iguales a todos: a los hijos del albañil, del arquitecto, del parado y del médico, asegurando igualdad de acceso a los estudios más allá de la disposición o no de recursos económicos».
El socialista ha explicado que en el próximo curso, además de mantenerse «la injusticia» de pedir un 5,5 para acceder a beca en Formación Profesional y Bachiller, se dará el agravante de que la nota se eleva a 6,5 en la Universidad. «Con un 5,5 al alumno recibirá la beca de matrícula, pero eso no soluciona nada para las familias que no tienen nada y que necesitan una compensación y una ayuda en concepto de residencia fuera de su localidad, para lo que será necesario un 6,5 de nota», ha añadido.
Junto a esta circunstancia, Francisco Menacho ha destacado otra de carácter cualitativo. «Si bien hasta ahora la beca era un derecho que correspondía a quien estudiaba y que no dependía de una disposición presupuestaria siempre que reuniera los requisitos de acceso, este curso se introduce una novedad muy peligrosa».
Y que, según ha apuntado, hasta hoy, la beca compensatoria y de residencia venía a sumar entre 4.500 y 5.000 euros en Bachiller y Formación Profesional; en el caso de la Universidad, la beca con materiales quedaba entre 5.000 y 5.500 euros al año. A partir de este curso, todo estudiante que cumpla con el 5,5 en Bachiller y el 6,5 en Universidad recibirá un componente fijo de 1.500 euros; y después una cantidad variable, como mínimo de 60 euros, pero que no quedará previamente especificada sino que dependerá de las necesidades económicas, de su nota, de su nota en relación con el resto y de las exigencias presupuestarias.
El parlamentario socialista ha destacado la firme oposición de «todos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de padres y madres, incluso del Consejo Escolar del Estado, ha rechazado esta nueva modificación de manera unánime». «Este endurecimiento del acceso a las becas es uno de los dramas sociales más importantes a los que estamos asistiendo, porque estamos hablando de la educación y eso es tanto como hablar del futuro de nuestra sociedad».
PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN
Por otra parte, Menacho ha aplaudido que la Junta haya afrontado ya un primer pago de 2.940.150 euros a los ayuntamientos de la provincia al amparo del Programa de Ayuda a la Contratación contemplado en el Decreto Ley 7/2013 de 30 de abril de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social. Este programa, que persigue la contratación de desempleados de larga duración en riesgo de exclusión social, cuenta con un presupuesto total de 40 millones de euros (de los 120 de la totalidad del decreto), de los cuales 7.532.622 euros corresponden a la provincia para generar 226.000 peonadas.
El parlamentario y secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz ha destacado la apuesta de la Junta por una materia eminentemente social, en un momento en que el Gobierno andaluz, «como todas las Administraciones, tiene problemas de tesorería. Pero, aun así, ha entendido que lo primero es el empleo y las personas y las familias que peor lo están pasando. Unas personas que, si ya no empiezan a trabajar de manera inmediata, será porque sus ayuntamientos no se están preocupando por ellas».
Menacho ha recordado que «el PP dijo que este programa de contratación y este decreto eran un engaño y que no solucionaban un problema a largo plazo». «Y claro que no solucionan nada de forma definitiva, pero sí atienden la urgencia que presentan hasta 15.000 familias de esta provincia», ha afirmado el socialista, quien ha afirmado que la distribución del número total de peonadas que se crearán en la provincia de Cádiz «beneficiarán a entre 2.512 y 15.000 desempleados, dependiendo si se opta por realizar contratos de tres meses o de 15 días».
«Los ayuntamientos gestionados por el PP estuvieron amagando. Lo hicieron el último día, y aun así dijeron que no lo pondrían en marcha hasta que no recibieran dinero de la Junta. Pues ya tienen ese dinero, 2.940.150 euros de los 7,5 millones que van a recibir los ayuntamientos de la provincia y que se completarán en dos nuevos pagos, uno este mismo mes y otro más en septiembre», ha destacado Menacho.
