IAM/Redacción El responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, compareció el 15 de noviembre para advertir un desfase puntual en el periodo medio de pago a proveedores. Este plazo se había elevado hasta alcanzar los 143 días al cierre de octubre.
El motivo, según argumentó Solís, fue la incorporación de facturas impagadas –procedentes del anterior mandato corporativo- que acumulaban un gasto cercano a los 1´5 millones de euros. Ese desfase, que invierte los índices alcanzados por la Diputación de Cádiz en el primer semestre de 2017 dentro de los márgenes de la Ley de Morosidad, ha sido divulgado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública “en una información asociada a los Ayuntamientos que están amenazados con la intervención de sus cuentas”. Jesús Solís considera que se ofrece “una información sesgada y partidista”, además de asegurar que “el Ministerio ni siquiera nos ha notificado oficialmente el incumplimiento, ya que al fin y al cabo son perfectamente conscientes de que se trata de un problema puntual”.Solís recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece medidas coercitivas para las entidades públicas que no cumplan sus postulados.
En el caso del periodo medio de pago a proveedores, la norma expresa que los requerimientos se llevan a cabo cuando transcurren dos meses superando el plazo de 60 días para saldar la deuda comercial. Si se cumple este supuesto el Ministerio de Hacienda puede reclamar la adopción de un plan de tesorería donde se detallen soluciones para reducir el plazo de pago. Un plan de tesorería que “revelaría lo que ya sabe el Ministerio de Hacienda en relación a la Diputación de Cádiz: que cumplimos con los principios de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, que el último presupuesto se liquidó con superávit y que disponemos de remanente de tesorería positivo”.“Nos han metido en el mismo saco de Ayuntamientos que tardan 400 días en pagar y con una gestión económica paralizada. No es el caso, ni por asomo, de la Diputación de Cádiz.
No es justo, ni leal”, esgrime el responsable de Servicios Económicos de Diputación. Jesús Solís explica que “una cosa es que se eleve un promedio, por un problema puntual y perfectamente subsanable a tenor de nuestra capacidad económica, y otra cosa es sufrir un problema estructural como es el que se advierte en algunos Ayuntamientos”.Jesús Solís reitera –tal como indicó el 11 de noviembre en rueda de prensa- que “estamos trabajando en la solución demandada por, no se olvide, cinco proveedores”. Cinco proveedores que emitieron facturas “que aún debemos conformar. Es decir: hay que verificar el servicio prestado y su concordancia con contratos en vigor”.
El personal de Servicios Económicos, de Intervención, Tesorería y Recaudación ya ha sido convocado para una reunión en la que se concretará la mejor solución posible “y sin que dichas empresas, que prestaron un servicio, tengan más perjuicios”.Con el resto de empresas prestadoras de bienes y servicios “la situación es perfectamente normal”, aclara Solís. Es decir: la anomalía en el periodo medio pago, registrada en septiembre y octubre, “es un dato numérico, elevado por la magnitud de facturas que ni siquiera habían sido conformadas por parte del anterior equipo de gobierno”. Un dato “que se irá reduciendo “paulatinamente” hasta llegar a la tónica del primer semestre de 2017.
