La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha anunciado que se tendrá “mano dura” contra las administraciones, fundamentalmente alcaldes, que no ejecutan los derribos de casas ilegales ordenados en fallo judicial.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz reconoce en su memoria de 2010 que existen dificultades para que los jueces condenen con órdenes de demolición los delitos contra la ordenación del territorio en la proliferación de viviendas ilegales en la provincia gaditana.
El Ministerio Público defiende que mantiene el criterio general de reclamar siempre el derribo pero los jueces apenas atienden esta reclamación, salvo contados casos.
Para que estos delitos no queden impunes, Ayuso reclama que en las sentencias condenatorias que no incluyan demoliciones, al menos, sí se ordene la incautación de las viviendas, para que su promotor no pueda disfrutarla. También anuncia mano dura contra las administraciones, fundamentalmente alcaldes, que no ejecutan los derribos ordenados en fallo judicial.
