Ante la crisis de Ceuta, y con la actitud de una mayoría de países de la Unión Europea que han decidido apostar por un giro duro a la derecha en materia de inmigración, el Gobierno español está nadando a contracorriente.
Este viraje tiene como víctima colateral uno de los logros más celebrados por la ciudadanía de la UE: el espacio Schengen, que permite desde hace cuatro décadas la libre circulación de 450 millones de ciudadanos europeos y mercancías por 29 países, la mayoría de la UE.
La actitud de la Unión Europea tras lo sucedido en Ceuta podría afectar el también delicado y débil tratado sobre Gibraltar, teniendo en cuenta la desaparición de la antigua frontera que facilita el paso de personas y mercancías entre los territorios, pero sin corregir la brecha socioeconómica existente que cronifica el desequilibrio de la zona.
Al mismo tiempo, existen en este Tratado situaciones un tanto anómalas. En el artículo 219 se establece que cada parte fijará sus propias políticas y niveles de protección ambiental, con lo cual se crea un escenario donde cada uno hace lo que quiere. Esto supone un retroceso frente a los conflictos previos cuando se compartía el marco europeo.
También surgen dudas en el supuesto de que el Tratado tuviera que ser ratificado por España. No queda claro si sería de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 94.1.c) de la Constitución, que exige la autorización previa de las Cortes Generales para que el Estado pueda obligarse mediante tratados que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
Todo ello ante la mirada pasiva de una Comisión Europea, que lleva años permitiendo a muchos Estados miembros introducir controles fronterizos internos de manera casi constante, pese a que las normas estipulan claramente que estos deben ser “temporales” y de carácter “excepcional” ante una “amenaza grave pública o de seguridad interna”.
Esto no es cosa de este verano, aunque la situación de Ceuta sea especialmente grave porque sienta un peligroso precedente. Davide Colombi, experto en cuestiones migratorias del laboratorio de ideas bruselense CEPS, dice que, respecto a los controles temporales, “los Estados miembros se han aprovechado de la inacción de la Comisión. Y esto ha dado lugar a lo que ha ocurrido ahora entre Italia y España, pero, en términos más generales, también en muchos, si no en la mayoría, de los Estados miembros de Europa”.
Alemania lleva imponiendo controles fronterizos de forma casi ininterrumpida desde hace 11 años, coincidiendo con el auge del partido ultra y antiinmigrantes AfD. Ahora, Bruselas ha autorizado prolongar seis meses más, hasta marzo de 2027, los controles en todas sus fronteras terrestres.
Así que, se utilizan los controles para frenar los flujos migratorios secundarios, aunque no tenga sentido desde la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración Europeo. El Gobierno español ha transpuesto ese pacto adaptando la ley de extranjería, si bien la crisis de Ceuta amenaza con dejar en papel mojado buena parte del acuerdo, sobre todo en materia de solidaridad.
Porque, la solidaridad en Europa murió el día en que media Unión, en lugar de amparar a España, pidió expulsarla del espacio Schengen. Y al que se le castiga por haberse salido del consenso europeo en defensa y en inmigración. Y llega, frente a un Marruecos que convierte la desesperación de sus jóvenes en arma, protegido por Estados Unidos e Israel.
Así que la suspensión de Schengen por Italia podríamos considerarla como una medida puramente propagandística, ya que no existe libertad de circulación desde Ceuta a la UE. Pero, para algunos dirigentes europeos, este episodio “forma parte de una agenda política más amplia, coordinada y cada vez más estructural”.
“Ceuta es usado como excusa para un objetivo previo de la extrema derecha: debilitar Schengen”, advierte Patxi López, en nombre del PSOE. Señala como ejemplo, al igual que otros analistas europeos, la iniciativa del ex primer ministro polaco ultra, Mateusz Morawiecki, proponiendo un referéndum para suspender temporalmente la participación de Polonia en Schengen.
El peligro de estas políticas es el efecto bumerán. La decisión de Meloni ha creado un precedente que podría volverse contra Italia en la próxima crisis migratoria. En 2023, Lampedusa requirió la solidaridad europea tras llegar más de 8.000 migrantes, más que la población de la isla, en solo tres días. Con sus 7.900 kilómetros de costa, a Meloni no le interesa estigmatizar e instrumentalizar un problema en una frontera exterior.
Sánchez invoca la soberanía justo cuando ha empezado a ser otra cosa en Ceuta y Gibraltar, y cuando la soberanía española sobre la frontera marroquí esta subcontratada con Rabat. Mientras Bruselas ha bendecido el método Meloni sobre la externalización de la migración con terceros países, y los centros de deportación de la carta Frederiksen-Meloni, sobre la energía, la defensa y la tecnología. Es el retorno de una soberanía musculosa para levantar muros y no para seguir haciendo Europa.
El “patrimonio cultural cristiano” que invocan Meloni y Frederiksen, define de forma rígida lo que significa ser europeo, convirtiendo automáticamente a lo que queda fuera en una amenaza (generalmente la inmigración) y justificando la creación de una frontera ideológica y física a nivel europeo.
El debate sobre suspender Schengen lleva la paradoja al absurdo: desmontar la frontera interior para fingir que se controla la exterior, renunciando a lo único que Europa construyó como suyo, un proyecto para superar la lógica del muro. Un espacio común donde los derechos estuvieran por encima de la nación. Y en vez de soberanías amuralladas de unas contra otras, una compartida, sostenido por un principio: una crisis en la frontera de un Estado es asunto de todos.
La inmigración no puede convertirse en el disolvente definitivo de Europa, solo nos queda, cuando todo empuja a lo contrario, una última decencia: la de comprender que hay murallas que no se salvan sin perder aquello que guardaban.