Corrupción y política. Por: Ángel Luis Jiménez

En España el crecimiento del gasto público y la intervención creciente del Estado en la vida económica durante los últimos años de nuestra democracia, han sido un factor decisivo para el incremento de la corrupción “blanca” en la Administración, que han servido de caldo cultivo para otras “grises o negras”.

El monto millonario de las partidas presupuestarias para los partidos políticos, la escasa eficacia del Tribunal de Cuestas y los insuficientes controles de las Cortes Generales sobre órganos ejecutivos respaldados frecuentemente por mayorías absolutas o relativas, han contribuido a que los gestores de fondos presupuestarios perdieran el hábito -o bien no lo tuvieron nunca- de aplicar al uso del dinero público los mismos criterios que se utilizan con el dinero privado.

Los administradores de recursos colectivos, especialmente los partidos políticos, actúan a veces como si el dinero público estuviese compuesto con los mismos materiales que los sueños, emulando a los niños que juegan a comprar activos ficticios con billetes falsos en el Palé o el Monopoly.

Caso paradigmático es el de Vox. En estos días, ha transferido de forma anómala siete millones de euros del partido a una extraña fundación privada presidida por Santiago Abascal. Además, la pasada semana el Tribunal de Cuentas señaló irregularidades en la contabilidad de este partido. Vox respondió con una carta a sus afiliados acusando a los medios de querer “manchar su trayectoria”. Después de esa carta el gerente del partido presentó su dimisión. ¿Por qué?

Vox asegura que la salida o dimisión de su gerente no tiene nada que ver con la información de la prensa. También dicen que el aumento del CO2 es estupendo, que la crisis climática es un invento comunista y que la violencia machista no existe. Así que, no me extraña que también mientan con lo de su gerente, y no nos den las explicaciones precisas y exigibles sobre qué pasa con esa fundación.

Esos siete millones de euros, que han acabado en una fundación privada que preside Abascal, mayoritariamente provienen, por supuesto, de fondos públicos. Salen de esas mismas subvenciones a sindicatos o partidos que tanto critican cuando el dinero no es para ellos, sino para otros.

Vox ha convertido su supuesta defensa de la nación española en un negocio particular. ¡Cuánto falso patriotismo! Ese falso patriotismo populista no aporta ninguna solución a nuestros problemas, porque la patria se defiende con la escuela pública, con las pensiones o con la sanidad. No cabe verdadero patriotismo sin solidaridad con los conciudadanos: el amor por la patria se declara en el IRPF, no con banderitas en la pulsera.

Sin solidaridad, sin una convivencia respetuosa y generosa con los demás, el patriotismo es otra cosa: una mala excusa para convertir en enemigos a los que no piensan como tú, a los que niegan derechos, y excluyen a la diversidad y pluralidad del país.

Estamos viviendo en una deriva antidemocrática. Aunque me es difícil determinar cuándo empezó. Y es difícil porque tengo mis dudas sobre si esa derecha española realmente ha sido alguna vez demócrata, patriota o constitucionalista. Es una deriva que va a peor, y que ya ni siquiera se limita al poder ejecutivo: al presidente o al Gobierno de coalición.

Ponen en duda todos y cada uno de los pilares del edificio democrático. La legitimidad del poder legislativo, del Parlamento, que será quien apruebe o rechace esa hipotética amnistía, no el Gobierno ni Puigdemont. O la legitimidad del Tribunal Constitucional, que tendrá que determinar si esa futura ley es o no inconstitucional, no Feijóo y Abascal en una manifestación. Incluso, en estos últimos días han cuestionado al Jefe del Estado por proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura.

Espero que se explique muy bien esa medida de gracia, no puede ser otra piedra de escándalo utilizada por la derecha para entorpecer la marcha de nuestra democracia. La democracia es un sistema de equilibrios, y cada vez son más necesarios unos consensos políticos y sociales básicos, pero los partidos de derecha insisten en poner en peligro ese pilar de la democracia que es la convivencia.

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