En el federalismo clásico el proceso de descentralización política es de “abajo a arriba”, desde la pluralidad a la unidad. Sin embargo, en la España autonómica es de “arriba abajo”. Partimos de la indisoluble unidad de la Nación española (art.2 de la CE) para habilitar en su interior autogobiernos territoriales. No se trataba de unir piezas, sino de liberar espacios dentro de una pieza única.
En apariencia, la alteración del orden no debería cambiar la calidad del producto, razón por la cual escuchamos habitualmente que la España autonómica, en cierto modo, es un Estado federal. Ahora bien, que tenga una estructura organizativa semejante no quiere decir que lo sea. Después de cincuenta años de Estado autonómico, hemos tenido tiempo suficiente para evaluar los pros y los contras de esta solución, que hoy en día, por exceso o defecto, parece no satisfacer a nadie. Además, la reforma del Senado, tan necesaria, ni está, ni se la espera.
Esta dinámica más deconstructiva que constructiva nos ha conducido a un modelo muy poco flexible de distribución de poder: los incendios forestales y sus secuelas junto a la DANA, la quita en la deuda territorial y otras emergencias están erosionando las costuras del Estado autonómico, cuando en todo régimen federal (o casi), el sistema se engrasa con la lealtad federal entre administraciones (respeto y colaboración), hacia arriba y hacia abajo, con la convivencia de distintos niveles de gobernanza, principios de subsidiariedad y coordinación (visión de conjunto), y, por supuesto, reparto de competencias.
La cuestión competencial es compleja: se dividen en exclusivas, compartidas y de acompañamiento. El grueso lo componen las compartidas. Terreno fértil para derivar las lógicas discrepancias a batallas campales, pero estériles para la ciudadanía. Usar los intersticios de indefinición o las zonas grises competenciales para erigir una dialéctica divisiva resulta nefasto para el sistema. Y para nosotros, sus usuarios y propietarios últimos. Pero es una golosa estrategia partidista para el PP.
Aprovechando la tendencia del Gobierno a frecuentar la vía directa con resultado inmediato (orillar pactos, excederse con los decretos), la oposición conservadora maneja la complejidad competencial como palanca de oposición sin prisioneros. Así, el factor de la coordinación/colaboración/cooperación, clave en el sistema autonómico, pilar de la Constitución, se esteriliza y desnaturaliza con una continua invocación a Santa Rita (“lo que se da no se quita”).
¿Cómo? Inyectando confusión según convenga en cada ocasión. Se exige que el Gobierno central asuma las competencias, pero no lo desencadena desde abajo, como pudo hacer con la DANA; o rechaza, enfática, esa salida como ocurrió en los incendios, o las entrega al instante como en el apagón. Y siempre prioriza (en lo que bastantes veces incurre también el Gobierno) resaltar los déficits ajenos como truco que opaque la ineficiencia propia.
En los incendios, la carencia de planes de previsión e inversión, la negativa a las ofertas de colaboración de los agentes forestales en vacaciones o la precariedad de sus fuerzas de extinción, surge de la adjudicación de las consejerías responsables a los ultras de Vox, negacionistas del cambio climático. Y así nos va.
Este esquema de boicot, que impide la acción directo del gobierno central, puede asfixiar a quien lo ostenta, pero ahí siguen. Se podría entender la causa, pero la receta es totalmente rechazable. Más, si erosiona o desnaturaliza las instituciones: un Senado convertido en ariete contra el Congreso, y las comunidades autónomas en ofensiva contra el Gobierno con una continua petición de rendición de cuentas ajenas y nunca propias (incendios), un absentismo con tufo secesionista manipulando la judicatura y contra la jefatura del Estado. Pero, no lo entiendo, ¿para qué achatarrar tanto el sistema si algún día llegarán a encabezarlo? Y, para concluir, ¿esta obstrucción conduce realmente a alguna parte?
